Cuatro fueron las observaciones que Carla Suárez, oficial del Programa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Ecuador (UNODC), socializó en la mesa de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, con motivo de su análisis sobre el proyecto de Ley Orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
La invitada destacó la importancia de que la norma cuente con principios rectores que gobiernen el accionar proporcional de este organismo de control, más sugirió la inclusión del principio de dignidad humana para guiar el tratamiento y manejo de las personas privadas de la libertad, así como el de no discriminación, con la finalidad de atender a herramientas internacionales como la Declaración de los Derechos del Hombre.
Hizo especial énfasis en la adición de una garantía sobre la prohibición de la tortura, penas crueles o degradantes y del debido proceso para todo lo que implique la ley en relación a privados de la libertad y personal del Cuerpo de Seguridad.
También solicitó determinar, en el tercer capítulo de la norma, cuáles serán los mecanismos para la formación del personal de seguridad y vigilancia y considerar la creación de una escuela penitenciaria sostenible a través del tiempo.
“Vemos con buenos ojos que la ley promueva al cuerpo como una entidad civil, con grados de responsabilidad, deberes establecidos, mecanismo para reportar irregularidades, procesos de formación y respaldo del Presupuesto General del Estado para su sostenibilidad”, concluyó.
Por su parte, Jefferson Farinango, director de Control Jurídico de la Fiscalía General del Estado, informó que durante 2024 se registraron 1.230 casos de supuestos delitos relacionados con el uso indebido de uniformes de instituciones de seguridad pública. Estos actos serán sancionados conforme a la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 362.1 del Código Orgánico Integral Penal, estableciendo penas privativas de libertad de entre 1 y 3 años para quienes cometan este tipo de delitos.
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