En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional recibió en comparecencia a representantes del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE), quienes presentaron observaciones técnicas y jurídicas a la propuesta legislativa.
Fernando Salazar, delegado del organismo, hizo un llamado a realizar una evaluación técnica integral del sistema nacional de competencias, al considerar que, tras más de una década de vigencia del actual modelo de descentralización, persisten desafíos estructurales. Señaló que el Consejo Nacional de Competencias, junto con la Comisión de Planificación, deben impulsar un análisis riguroso sobre el ejercicio de competencias exclusivas, concurrentes, subsidiarias y adicionales.
Advirtió que la falta de criterios claros y uniformes entre los distintos niveles de gobierno ha dificultado la aplicación efectiva del principio de concurrencia, generando demoras y confusión en la gestión territorial. En ese sentido, solicitó que se establezca un plazo perentorio para realizar consultas con las organizaciones territoriales, con el fin de construir una normativa desde el territorio y con mayor legitimidad.
Por su parte, Paúl Jaramillo expuso varias observaciones al texto de reformas, resaltando los obstáculos que enfrentan los gobiernos parroquiales para ejercer sus competencias. Criticó que, pese a que la Constitución garantiza la transferencia de competencias con los recursos necesarios, los GAD parroquiales deben gestionarlas con dificultad, muchas veces sin respaldo financiero, lo que vulnera el principio de equidad territorial.
Asimismo, cuestionó disposiciones legales vigentes, como el artículo 129 del COOTAD, que condiciona el ejercicio de competencias a la firma de convenios con gobiernos provinciales, lo cual dijo se ve limitado por la falta de voluntad política. También se refirió al artículo 414, que impone trabas para la transferencia de bienes, afectando la operatividad de las parroquias rurales.
Sobre el contenido del proyecto de ley, respaldó el reemplazo de autoridades parroquiales previsto en el artículo 3, basándose en pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, manifestó su oposición al artículo 4, por considerar que contraviene principios constitucionales como la presunción de inocencia, la seguridad jurídica y la legalidad.
Además, valoró la ampliación del concepto de inversión social, y propuso que en el tema de donaciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se priorice a los GAD parroquiales frente al sector privado, dada su limitada capacidad presupuestaria. Finalmente, recomendó revisar el rol de los municipios en la explotación de materiales áridos y pétreos, sugiriendo una mayor participación de los gobiernos parroquiales, por tratarse de actividades que se desarrollan en sus territorios.
La presidenta de la comisión, asambleísta Lucía Pozo, agradeció a los comparecientes por los aportes presentados y reafirmó el compromiso de continuar con la recepción de criterios desde todos los sectores involucrados, a fin de construir un marco legal que garantice autonomía, equidad territorial y una descentralización efectiva.
MEV
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