En representación de mi querida provincia de Santa Elena y con un profundo sentido de responsabilidad y urgencia para abordar una deuda histórica del Estado ecuatoriano, los 32 casos pendientes de cumplimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por graves violaciones a los derechos humanos. Estos casos no son solo expedientes legales; son historias de dolor, de familias destrozadas y de comunidades que aún esperan verdad, justicia y reparación integral. Abordé cinco de los casos más relevantes para dimensionar la gravedad de esta situación y la necesidad de actuar.
• Caso Benavides Cevallos (1998): Este caso, uno de los más antiguos, involucra la desaparición forzada de Luis Eduardo Benavides Cevallos, un joven de 22 años, en un contexto de represión estatal. La Corte Interamericana condenó al Ecuador por violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal, ordenando investigaciones exhaustivas y sanciones a los responsables. Sin embargo, a pesar de que han pasado más de 25 años, las investigaciones no han avanzado lo suficiente, y las medidas de reparación, como la indemnización y las garantías de no repetición, siguen pendientes. Este caso es un símbolo de la impunidad que debemos erradicar.
• Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku (2012): La comunidad Kichwa de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, sufrió la imposición de actividades petroleras en su territorio sin consulta previa, libre e informada, violando sus derechos colectivos y culturales. La Corte ordenó la remoción de explosivos dejados en su territorio, reparaciones económicas y reformas legales para garantizar la consulta previa. Aunque se han dado pasos, como la entrega de títulos de propiedad, persisten incumplimientos en las garantías de no repetición y en la protección efectiva de su territorio frente a nuevas amenazas extractivas.
• Caso Gonzales Lluy (2015): Talía Gabriela Gonzales Lluy, una niña de tres años, contrajo VIH en 1998 por una transfusión de sangre contaminada en una clínica privada, debido a la negligencia del Estado en regular los bancos de sangre. A los cinco años, fue expulsada de una escuela pública por su condición, enfrentando discriminación interseccional por su género, edad y estado de salud. La Corte Interamericana condenó al Ecuador por violar los derechos a la vida digna, la educación y la no discriminación, ordenando reformas en el sistema de salud y educación, así como reparaciones a Talía y su familia. La resolución de supervisión de julio de 2024 indica que, aunque se han hecho pagos parciales, las reformas estructurales y las medidas de no repetición, como campañas contra el estigma del VIH, siguen pendientes.
• Caso Guzmán Albarracín (2020): Este caso aborda la trágica historia de Paola Guzmán Albarracín, una adolescente víctima de abuso sexual por parte de una autoridad educativa, lo que la llevó al suicidio. La Corte Interamericana señaló la responsabilidad del Estado por no prevenir ni sancionar la violencia sexual en el ámbito educativo. Las medidas ordenadas incluyen reformas educativas y campañas de sensibilización, pero la falta de avances en las investigaciones y en la implementación de políticas preventivas sigue dejando a niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad.
• Caso Tagaeri y Taromenane (2024): Este caso reciente expone la desprotección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane, víctimas de violencia y despojo territorial en la Amazonía. La Corte ordenó medidas urgentes de protección, como la delimitación de sus territorios y la sanción a los responsables de masacres y desplazamientos. Sin embargo, la falta de acciones concretas por parte del Estado perpetúa el riesgo de etnocidio, evidenciando una deuda histórica con estos pueblos.
Estos cinco casos, junto a los otros 27, reflejan un patrón alarmante de impunidad debido a la falta de investigaciones efectivas para sancionar a los responsables. Esta situación no solo contraviene nuestra Constitución, que en los artículos 1, 3, 11 y 424 consagra la protección de la dignidad humana, sino también los tratados internacionales que Ecuador ha ratificado, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Cada día que pasa sin cumplir estas sentencias es un día más de injusticia para Talía, para las comunidades indígenas, para las víctimas de violencia sexual y para todas las personas afectadas.Por ello, el Proyecto de Ley Orgánica de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos es una herramienta histórica y urgente. Esta ley, debatida y aprobada, se alinea con los estándares internacionales de justicia transicional y restaurativa, garantizando los derechos a la verdad, justicia, reparación integral, memoria y no repetición. Es importante destacar cuatro razones clave por las que esta ley es esencial:
• Marco normativo claro: Obliga al Estado a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, como en los casos mencionados, evitando que víctimas como Talía Gonzales Lluy o la comunidad de Sarayaku sigan esperando. Crear una Ventanilla Única de Reparación, accesible incluso en zonas rurales como Santa Elena, para trámites gratuitos, simples y en lenguas interculturales.
• Centralidad de las víctimas: Prioriza a poblaciones vulnerables, como niñas, mujeres, pueblos indígenas, con un enfoque de género e interseccional. Esto es crucial para casos como Guzmán Albarracín y Gonzales Lluy, donde la discriminación agrava el sufrimiento.
• Las medidas de reparación deben cumplirse integralmente para atender necesidades urgentes
• Rendición de cuentas: Es necesario garantizar que las sentencias se cumplan sin demoras, con sanciones para las autoridades que las incumplan.
Como asambleísta de Santa Elena, una provincia que conoce los desafíos de la exclusión y la lucha por la justicia, entiendo la urgencia de escuchar a las víctimas y sus familias. Esta ley no solo busca reparar el pasado, sino construir un futuro donde la dignidad humana sea el pilar de nuestra democracia.
No podemos permitir que Talía, las comunidades indígenas, las víctimas de violencia sexual o los pueblos en aislamiento sigan esperando justicia. La Asamblea debe garantizar la implementación efectiva de esta ley, para saldar la deuda con las víctimas de derechos humanos y construir un Ecuador libre de impunidad, donde nunca más se repitan estas violaciones.
Asambleísta por la provincia de Santa Elena
