El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células recibió los aportes de representantes de los ministerios de Salud y de Trabajo, así como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess) y de la Coordinación General de la Unidad Técnica Legislativa.
Por parte del Ministerio de Salud Pública, Mario Herrera, director ejecutivo del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, (Indot) subrayó la necesidad de reformar la Ley, debido a que la actividad trasplantológica madura con el tiempo y surgen nuevas técnicas, profesionales y medicamentos que pueden incorporarse para garantizar una mejor calidad de atención a los pacientes trasplantados.
Consideró que se requiere una reforma integral que amplíe el alcance y permita beneficiar a un mayor número de pacientes. Por su parte, Patricia Paredes, coordinadora general técnica del Indot, señaló que la información sobre la condición de donante ya consta en la cédula de identidad, mientras que la condición de receptor de trasplante constituye información médica confidencial y, por lo tanto, propuso que no se incluya en la reforma.
En cuanto al registro de donantes y receptores, recordó que la Ley vigente contempla la Lista de Espera Única Nacional, administrada por el Indot a través del Sistema Nacional Informático de Donación y Trasplante (Sinidot). Todos los pacientes en capacidad de recibir un trasplante, en sus diferentes estados, se encuentran sistematizados en este registro desde 2016.
La delegada del Ministerio de Trabajo manifestó que la propuesta constituye un marco jurídico fundamental para regular los procesos relacionados con la obtención, donación, preservación, almacenamiento, transporte y destino de componentes anatómicos para trasplantes o implantes en seres humanos.
Destacó que la estructura de la Ley abarca aspectos clave como los procedimientos de donación en vida y post mortem; la autorización y acreditación de instituciones de salud habilitadas para realizar trasplantes; y la exigencia del consentimiento informado de donantes y receptores.
Asimismo, establece prohibiciones y regulaciones, e incorpora un componente innovador que obliga a las instituciones públicas y privadas con más de 25 trabajadores a contratar al menos a una persona trasplantada, asignándole labores acordes a sus capacidades y condiciones físicas, en respeto a los principios de equidad y no discriminación.
El representante del Iess reconoció los avances significativos de la reforma, aunque señaló que aún existen oportunidades de mejora en lo referente a vacíos normativos, técnicos y éticos. Recalcó que garantizar el derecho a la salud implica no solo el acceso a un trasplante, sino también el soporte psicológico, la reinserción laboral post-trasplante y una operatividad de registros que haga sinergia con el Sistema Nacional de Salud, permitiendo conocer de forma universal los requisitos para los trasplantes.
Advirtió que existe un vacío en la tipificación penal complementaria, ya que no contempla sanciones específicas. Propuso incluir artículos que obliguen expresamente a las instituciones a denunciar y prevenir este tipo de delitos. Además, incorporar un enfoque intercultural con programas de diálogo sobre la donación.
La representante de la Coordinación General de la Unidad Técnica Legislativa indicó que varios artículos del proyecto contravienen el artículo 286 de la Constitución, que exige identificar las fuentes de financiamiento para la implementación permanente de programas y mejoras. Señaló también que podría infringir el artículo 135 de la misma norma, que establece que el incremento del gasto público es competencia exclusiva del Ejecutivo.
Finalmente, el presidente de la Comisión, Juan José Reyes, agradeció los aportes recibidos, señaló que las observaciones serán revisadas por el equipo jurídico para formular un criterio y clausuró la sesión.
RSA
