María Aillón, fundadora de Women in Mining Ecuador, organización que promueve la participación de mujeres en actividades mineras legales a nivel local, realizó observaciones al proyecto de Ley Orgánica para la Conservación y Protección de Páramos, actualmente en análisis de la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales.
Aillón reconoció como “loable” el objetivo de esta iniciativa que busca proteger a los páramos de todo el Ecuador como ecosistemas sensibles. Sin embargo, fundamentó su propuesta de archivarla pues considera que “crea un sistema de protección paralelo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), ignorando el artículo 405 de la Constitución de la República”.
“El SNAP es el mecanismo central que garantiza la protección de áreas protegidas, mientras que este proyecto de ley propone la creación de un sistema alterno de gestión de páramos, con lineamientos propios e institucionalidad superpuesta, lo que genera riesgos y conflictos de competencias”, consideró.
La experta señaló que, de aprobarse, la ley crearía duplicidad normativa, caos regulatorio, inseguridad jurídica y reduciría las posibilidades de inversión extranjera en actividades mineras legales, técnicamente viables y responsables.
Proyecto de Ley para el Combate y Adaptación al Cambio Climático
En una siguiente sesión, la comisión recibió a René Bedón, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana del Ecuador, quien presentó varias observaciones al proyecto de Ley Orgánica para el Combate y Adaptación al Cambio Climático.
El invitado destacó que la normativa, al tratarse de un esfuerzo legislativo por mitigar los efectos provocados por este fenómeno, debe enmarcarse en el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, así como en los convenios de Kioto y París sobre la misma materia. La recomendación se dio pues a criterio del experto, “la normativa carece de descripciones clave sobre los efectos del cambio climático y protocolos para atenderlo”, que sí se encuentran presentes en las herramientas internacionales antes mencionadas.
Solicitó, además, ajustar la terminología del articulado a la utilizada en los convenios internacionales, mundialmente aceptados, y no hacer uso de “términos abstractos” que puedan provocar incompatibilidad de la norma con los mismos. Bedón informó que enviaría de forma escrita modificaciones puntuales a varios articulados para que la comisión los analice, sistematice y acoja, de considerarlas pertinentes.
Concluida la sesión, el asambleísta Fernando Jaramillo, encargado de presidir la mesa, ratificó el compromiso de la comisión de elaborar normativas responsables con el ambiente, en el marco del respeto a los derechos de la naturaleza establecidos constitucionalmente.
CV
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