“Existen antecedentes de cómo la criminalidad está utilizando organizaciones sociales sin fines de lucro para el lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal y redes de corrupción”, afirmó la legisladora Valentina Centeno, durante la sustentación del informe para el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, enviado con carácter de urgente en materia económica por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín.
La propuesta tiene por objeto establecer un marco jurídico para la prevención, detección y control de flujos irregulares de capitales, por parte de personas naturales y jurídicas, con especial atención a las organizaciones sociales sin fines de lucro.
En este contexto, la legisladora ponente del informe señaló que las economías criminales mueven aproximadamente 30 mil millones de dólares anuales en el país. Lo más grave dijo es la infiltración de estas economías en la vida social, económica y comunitaria, por lo que esta ley busca advertir y prevenir que ciertas organizaciones sociales están siendo utilizadas como instrumentos para la comisión de delitos.
Añadió que, según investigaciones de la Fiscalía, se evidencian redes de corrupción que canalizan dinero ilícito a través de organizaciones comunitarias fachada, así como donaciones millonarias a organizaciones sociales que posteriormente son trianguladas a empresas de papel.
Por su parte, el legislador Alfredo Serrano coincidió en que se deben cerrar todos los caminos al narcotráfico para impedir el lavado de dinero; no obstante, cuestionó que se pretenda autorizar el funcionamiento de casinos en el país, lo cual, a su juicio, tendría un efecto contrario.
El legislador Gustavo Mateus destacó que el proyecto constituye una herramienta importante para combatir el lavado de activos; sin embargo, observó que no solo busca regular a las organizaciones sociales y ampliar las facultades de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sino que también introduce disposiciones tributarias que no guardan relación directa con el objeto de la iniciativa.
Durante el debate, se aclaró que la mayoría de organizaciones sociales realizan un trabajo lícito y han contribuido, desde su gestión, al desarrollo del país.
Otros temas abordados por los legisladores fueron los problemas que enfrentan los habitantes de zonas fronterizas, quienes requieren un Impuesto al Valor Agregado (IVA) diferenciado, la necesidad de adecuarse a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la clasificación de organizaciones según su nivel de riesgo, la ampliación del plazo para el registro en el sistema, la creación de un sistema unificado de información, el control de donantes a fundaciones y el reporte de cuentas, entre otros aspectos.
Tras los aportes y observaciones de los legisladores, el proyecto, tramitado con urgencia económica, retornó a la Comisión de Desarrollo Económico para el análisis de las observaciones y la elaboración del informe para segundo debate.
AM
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