Represento con orgullo a la provincia de Santa Elena, cuna de playas emblemáticas como Montañita, Olón, Ayangue, San Pablo, Ballenita y Punta Carnero, donde las olas rompientes no solo son un espectáculo natural, sino el corazón de nuestra identidad, economía y biodiversidad.
Estas costas son hogar de pescadores artesanales que, desde San Pablo hasta Punta Carnero, dependen de un océano saludable para su sustento, y de comunidades que ven en el turismo sostenible una fuente de desarrollo. Mi intervención se centró en fortalecer el Proyecto de Ley Orgánica de Preservación y Prevención de Olas Rompientes en el Litoral Ecuatoriano, proponiendo observaciones que garanticen su efectividad, equidad y alineación con los derechos constitucionales, los mandatos internacionales y las necesidades de nuestras comunidades costeras.
Las olas rompientes son mucho más que un recurso natural; son pilares de la vida marina y de nuestra economía local. Las olas oxigenan el agua, transportan nutrientes esenciales para el fitoplancton y sostienen la cadena alimentaria que beneficia a especies como el pescado, los crustáceos y los moluscos, fundamentales para la pesca artesanal.
En playas como San Pablo y Ballenita, los pescadores artesanales, protegidos por el Artículo 104 de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, trabajan dentro de las ocho millas náuticas, donde los procesos de reclutamiento de especies son vitales. Sin embargo, es necesario una regulación específica proteger nuestros ecosistemas y lograr un desarrollo sostenible.
Por ello, propuse las siguientes observaciones al proyecto de ley, inspiradas en la experiencia de Santa Elena, las lecciones de Perú y Chile, y los mandatos de la CONVEMAR
Primero, necesitamos claridad en la autoridad competente. El proyecto no define quién liderará su implementación, lo que podría generar conflicto de competencias entre el MAATE, el Ministerio de Producción, Turismo o los GADs.
Recomiendé designar al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) como autoridad rectora, con un consejo interinstitucional que incluya a pescadores artesanales, para cumplir lo determinado en el Artículo 235 de la CONVEMAR. En Santa Elena, esta claridad es esencial para coordinar con los GADs de Salinas, La Libertad y Santa Elena, asegurando una gestión efectiva de nuestras costas.
Segundo, la pesca artesanal debe ser reconocida como actividad prioritaria para esta ley, En San Pablo, Ballenita y Ayangue, miles de familias dependen de la pesca para su sustento y seguridad alimentaria.
El proyecto debe garantizar su acceso a las zonas adyacentes a las rompientes, evitando restricciones injustas como las vistas en Perú. Propuse incorporar consultas previas obligatorias, conforme a los Artículos 57, 95 y 398 de la Constitución, asegurando su participación en la gestión sostenible.
Tercero, el proyecto debe fortalecer la investigación científica. La falta de estudios sobre las dinámicas de las olas limita nuestra capacidad de protegerlas. En Santa Elena, donde las olas de Montañita y Olón atraen a surfistas de todo el mundo, necesitamos datos para equilibrar la conservación con el turismo y la pesca. Necesitamos participación de universidades y comunidades,
Quinto, necesitamos regulaciones específicas para actividades en zonas de rompientes, como horarios, prohibiciones de construcciones y evaluaciones de impacto ambiental. En Santa Elena, esto evitaría impactos como los causados por muelles mal planificados, que alteran el fondo marino y afectan la biodiversidad.
Sexta, el registro de olas debe ser accesible. Los requisitos técnicos, como coordenadas UTM, pueden excluir a comunidades sin recursos. Propuse asistencia técnica gratuita, para que los pescadores como en San Pablo y Ballenita participen activamente.
El tema ambiental es crucial. Las olas como en Santa Elena no solo sostienen la biodiversidad, sino que generan microclimas, hábitats y oxigenación vital para nuestros océanos. Protegerlas es cumplir con el Artículo 406 de la Constitución, que nos obliga a preservar los ecosistemas frágiles.
Además, el turismo como en Montañita, aporta miles de dólares anuales, mientras que la pesca artesanal garantiza la seguridad alimentaria. Sin una ley robusta, corremos el riesgo de perder estos beneficios.
Asambleísta por la provincia de Santa Elena
