Expertos sostienen que el proyecto de Ley de Prevención de Conflicto de Interés entra en colisión con la Constitución y la ley penal

Miércoles, 20 de agosto del 2025 - 18:04 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Los abogados Christian Gallo y Gustavo Silva analizaron el contenido del proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés, que se tramita en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, previo a la elaboración del informe para primer debate.

Los profesionales, recibidos en comisión general, coincidieron en que, tal como está planteado, el proyecto de ley entra en colisión tanto con la Constitución como con la normativa penal.

El abogado Christian Gallo señaló que la propuesta legal debe considerar el marco constitucional, así como lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). En este sentido, reiteró que el principal problema del proyecto radica en la definición de los conceptos de lobby o gestor de interés.

“Si bien el objeto y el ámbito de la ley buscan garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente a través del registro de actividades, existen ambigüedades en los términos y la redacción no es clara”, afirmó.

Detalló, además, tres aspectos que deben ser revisados en la iniciativa: la restricción del derecho al trabajo durante cuatro años; la obligación de publicar datos personales, que debe armonizarse con otras normas que reconocen derechos; y el riesgo de afectar la libertad de expresión consagrada en la Constitución.

Por su parte, el abogado Gustavo Silva observó que en la exposición de motivos de la iniciativa no existe un análisis de costo-beneficio. Por ejemplo, no se especifica qué se haría con la información proveniente de los registros de los gestores o de las reuniones mantenidas con servidores públicos.

Silva advirtió que el artículo sobre la incidencia y el poder de los servidores públicos en la toma de decisiones carece de claridad, lo que podría abrir la puerta a que se convierta en un instrumento de persecución. Añadió que la norma propuesta afectaría el derecho a la participación ciudadana, garantizado por mandato constitucional, entre otras observaciones.

Tras las exposiciones, la presidenta de la mesa legislativa, Diana Jácome, resaltó los aportes de los expertos, los cuales serán considerados en la elaboración del informe para primer debate, que se presentará en los próximos días.

AM

Más fotografías:

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ECUADOR, 20 DE AGOSTO DEL 2025.

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador