Dentro del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para la Conservación y Protección de Páramos, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, recibió en comisión general a representantes de fundaciones y asociaciones vinculadas a la defensa de estos ecosistemas estratégicos.
Durante la sesión comparecieron: Andrés Laguna, director científico de la Fundación Big Mammals Conservation; César Llivichuzhca, presidente de la Fundación TerraMinka; y a Fabián Ramírez y Jorge Ambuludi, presidente y vicepresidente de la Asociación de Bosques y Páramos para la Vida de Imbabura.
En su intervención, Andrés Laguna resaltó la importancia de que la delimitación de los páramos se realice con base en la clasificación oficial de ecosistemas del Ecuador, recogida en el Manual que identifica más de 91 tipos, para garantizar un manejo diferenciado según su flora y fauna. Alertó sobre los impactos negativos de nuevas vías, como la proyectada hacia Llanganates, que ponen en riesgo la cobertura vegetal y propuso reforzar las prohibiciones en este ámbito.
Además, planteó que el Fondo Nacional de Manejo de Páramos precise el destino de sus recursos y que se promueva la creación de fondos de agua locales, a cargo de los gobiernos municipales, destacando experiencias exitosas como el Fondo para la Protección del Agua (FONAG) en Quito y la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental (ETAPA) en Azuay.
Por su parte, César Llivichuzhca subrayó que la normativa debe remitirse a delimitaciones técnicas y cartográficas de la Autoridad Nacional de Ambiente, y no a definiciones rígidas en la ley. Advirtió que sería un error delegar la gestión y administración de los páramos a los llamados “gestores de páramo”, pues esta es una competencia estatal que debe ejercerse en coordinación con comunidades y nacionalidades indígenas bajo esquemas de cooperación, sin transferir responsabilidades exclusivas.
Asimismo, enfatizó la necesidad de garantizar una participación constante de organizaciones civiles, fundaciones y comunidades, evitando restricciones al derecho de asociación y promoviendo un involucramiento real en la conservación y protección de estos ecosistemas estratégicos.
En representación de la Asociación de Bosques y Páramos para la Vida de Imbabura, Fabián Ramírez destacó el rol de los propietarios privados como guardianes históricos de los páramos, quienes, con esfuerzo propio, han protegido estos ecosistemas pese a limitaciones económicas y técnicas.
Subrayó que en territorios como Imbabura, donde la academia ha certificado la presencia de más de 52 especies endémicas y amenazadas, la práctica de conservación se sostiene gracias al compromiso de las familias, no solo en el discurso, sino en el trabajo diario de los 365 días del año. Hizo un llamado para que se valore este aporte, se impulse la aplicación práctica de los estudios existentes y se fortalezcan las acciones que permitan mitigar los conflictos entre comunidades, agricultura y fauna, en defensa de los páramos como patrimonio natural del país.
Finalmente, Jorge Ambuludi agradeció a los integrantes de la mesa legislativa y a la asambleísta Camila León, por abrir espacios de diálogo, destacando que el agua dulce, indispensable para la vida en el Ecuador, nace en los páramos. Recordó que más de dos millones de personas dependen directamente de estos ecosistemas, y que cerca de la mitad de las 1,5 millones de hectáreas carecen de claridad sobre su tenencia.
En este contexto, instó a que la normativa en construcción no solo contemple criterios técnicos y jurídicos, sino también la experiencia vivencial de quienes día a día custodian estos ecosistemas, con el fin de garantizar una verdadera conservación y un manejo justo de los servicios ambientales que sostienen la vida en el Ecuador.
MEV
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