La especialista en Derecho Inmobiliario, Verónica Morales, recomendó mantener en la normativa vigente al Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo y a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, con el fin de prevenir vacíos normativos, en el marco de la reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
Morales señaló que la reforma plantea, de manera generalizada, la derogatoria de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, la eliminación de los mecanismos de sanción y el traslado de competencias de los gobiernos locales sin considerar la planificación nacional, lo que implica un cambio estructural que centraliza la gestión del suelo en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Advirtió que, en caso de derogarse estas dos instancias, se afectaría directamente a los órganos de control legal, quedando sin un régimen sancionatorio. Asimismo, alertó sobre el riesgo de generar vacíos normativos en materia urbanística, estrechamente vinculada con la protección ambiental.
Concluyó que la eliminación del control sobre el ordenamiento territorial generaría serios problemas jurídicos e institucionales, especialmente en lo referente a la protección del medio ambiente, la planificación de servicios básicos y el debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas.
En el debate, la legisladora Patricia Núñez reflexionó sobre los planes de vida en el marco de la planificación territorial. Por su parte, la presidenta de la comisión, Lucía Pozo, recordó que este organismo legislativo está atendiendo proyectos represados, tomando en cuenta las observaciones de legisladores y expertos. A su vez, el legislador Cristian Benavides respaldó los criterios de la especialista respecto a la importancia de los aportes técnicos para la toma de decisiones en la Asamblea.
El legislador Xavier Lasso planteó la necesidad de analizar la falta de provisión de asfalto por parte de Petroecuador a los GAD, que actualmente reciben cantidades menores de este material indispensable para obras de vialidad. Como ejemplo, señaló que Quito requiere aproximadamente 30 mil galones de asfalto semanales, pero en la actualidad solo recibe 30 mil galones mensuales. “Petroecuador no le dice la verdad a las diferentes alcaldías”, enfatizó.
AM
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