André Granda, prefecto de Pastaza, compareció esta tarde ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario, donde planteó que en la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se incluya el criterio de territorialidad para los procesos de compras en la Amazonía.
La propuesta busca que este criterio forme parte de la homologación de la Ley Amazónica con la normativa sobre contratación pública, en cumplimiento del mandato constitucional relativo a la circunscripción territorial especial.
“Nosotros hemos propuesto que se incluya un criterio de territorialidad amazónica, conforme lo establece la Constitución, y que esto se traduzca no solo en la normativa legal, sino también en los reglamentos emitidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. De esta manera se garantizará que los proveedores amazónicos cuenten con acciones afirmativas o tengan preferencia en sus procesos”, argumentó el prefecto.
Al respecto, el legislador Adrián Castro consideró necesario trabajar en un régimen específico para la contratación de obras en la Amazonía.
Entre otras observaciones a la reforma, André Granda subrayó la urgencia de reducir los plazos de los procesos, especialmente en etapas como la que media entre la adjudicación y la suscripción del contrato, lo que actualmente retrasa la ejecución de obras en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Otra realidad que, según el prefecto, debe analizarse con mayor profundidad es la necesidad de repuestos para la maquinaria de las prefecturas, donde se presentan dificultades en los procesos de adquisición, afectando los mantenimientos correctivos y preventivos, indispensables para garantizar el ejercicio de la competencia vial.
Los asambleístas coincidieron en la importancia de evitar que grandes empresas nacionales concentren la contratación pública local, en detrimento de la participación de la economía solidaria y de los actores productivos de la región.
AM
