El Proyecto de Ley que Regula la Reproducción Humana Asistida recibió los aportes de representantes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa); de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess); y de un profesional del derecho.
Jaime Cevallos, director ejecutivo subrogante de Arcsa, mencionó las instituciones con las que trabajó para aportar al proyecto y detalló los marcos jurídicos, resolutivos e instructivos, orientados a garantizar la reproducción humana asistida.
Su observación se centró en las responsabilidades de la Autoridad Sanitaria Nacional, con el fin de evitar lagunas jurídicas y ambigüedades respecto de quién es la autoridad competente en la regulación de espermatozoides, semen y óvulos.
Por su parte, Paola Aguirre, directora ejecutiva de Acess, presentó varias observaciones, la mayoría de forma. En relación con el objeto de la norma, recomendó incluir la frase “con garantía de la seguridad del paciente” para reforzar la obligación de proteger la integridad y los derechos de los usuarios durante los procedimientos de reproducción humana asistida.
Además, sugirió definir con claridad la instancia competente para realizar las auditorías, con el propósito de garantizar responsabilidades precisas, trazabilidad de los procesos y fortalecimiento del control sanitario.
El abogado Andrés Vives señaló que el objeto del proyecto de ley se enfoca en los derechos reproductivos, lo que, a su criterio, no resulta compatible con los derechos sexuales. También propuso ampliar el ámbito de aplicación de la ley, no solo al territorial, sino también al personal, con el fin de brindar mayor certeza al operador jurídico encargado de aplicarla.
Explicó que, aunque el concebido no sea considerado persona dentro del derecho civil, la Constitución y los instrumentos internacionales lo reconocen como sujeto de derechos. Remarcó la diferencia entre la protección del derecho a la vida desde la concepción hasta el nacimiento y el derecho a la vida a partir del nacimiento, señalando que se trata de dos niveles distintos de protección.
Finalmente, la asambleísta Diana Blacio, encargada de conducir la sesión, solicitó que las observaciones sean remitidas por escrito. Al agotarse el orden del día, declaró clausurada la reunión.
RSA
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