La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social resolvió que, a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional, se exija la comparecencia, del doctor Patricio Pazmiño Freire, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador para el 30 de octubre de 2013, a las 11h00, en la que deberá absolver las consultas de las y los asambleístas, en referencia al pliego de preguntas que se le ha hecho llegar oportunamente.
Esta decisión unánime de los once asambleístas presentes, se la tomó luego de conocer la resolución adoptada por el Pleno de la Corte Constitucional en referencia a la solicitud de información propuesta por la Comisión de los Trabajadores al doctor Pazmiño Freire en su calidad de Presidente de la Corte Constitucional.
Asimismo a través de esta misma instancia, decidió remitir la presente resolución, al Viceministro del Servicio Público, para que certifique por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, si los jueces miembros de la Corte Constitucional ostentan o no la calidad de servidores públicos y de esta forma estar exentos de informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus deberes y obligaciones.
Igualmente, al Contralor General del Estado, para que se investigue las veces en las cuales la Corte Constitucional se ha negado a responder a los requerimientos de información solicitados por parte de las y los asambleístas y, a partir de aquello, conforme dispone el artículo 431 de la Constitución, se someta a dichos servidores a los mismos controles que las demás autoridades públicas y de esta forma respondan por los actos y omisiones que pudieran haber cometido o que cometan en el ejercicio de sus funciones.
En la resolución de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, presidida por Félix Alcívar, se argumenta “que al ser los asambleístas representantes del pueblo, nuestros cargos tan solo son una extensión física que permite visibilizar el mandato popular, por lo que no nos podemos quedar calladas y callados ante el atentado que se pretende hacer en contra de la Función Legislativa y peor aún permitir que tal Resolución sea parte de la Jurisprudencia Constitucional, ya que aquello no sería otra cosa que aceptar que ciertos funcionarios dependientes del Estado son intocables y que no se puede en ellos aplicar principios como la igualdad ante la Ley”.
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