Con 140 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió archivar el proyecto de Ley Orgánica para la Provisión de Servicios de Telecomunicaciones. Esta propuesta, presentada en 2019, no se adapta a la realidad del Ecuador actual: ignoraba reformas posteriores, imponía más trabas burocráticas y, lejos de garantizar conectividad, la frenaba.
Como presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, acompañé este análisis técnico junto a expertos de Arcotel, AME y Asetel, quienes coincidieron en la necesidad de archivar el texto. No se trataba de cerrar la puerta a la conectividad, sino de evitar que una norma desfasada genere más problemas: limitación de inversiones, plazos irreales para los GAD, encarecimiento de procesos y vulneración de derechos constitucionales.
Las telecomunicaciones son clave para la educación, la salud y la productividad. Por eso no podemos conformarnos con una ley que no atienda las necesidades de quienes más la requieren: nuestras comunidades rurales. El desafío es construir una propuesta moderna, visionaria y centrada en los usuarios, que reconozca la conectividad como un derecho fundamental.
Hoy archivamos un mal proyecto, pero abrimos la oportunidad de redactar una ley que esté a la altura de los tiempos y de las necesidades de nuestro pueblo. Ese es el compromiso que asumimos: legislar con responsabilidad, pensando en el futuro del Ecuador
Asambleísta por la provincia del Carchi
