En los últimos años, el uso indebido de las garantías jurisdiccionales ha evidenciado vacíos legales que atentan contra la confianza ciudadana en la justicia. Casos como la liberación de sentenciados por delitos graves mediante hábeas corpus o la extinción irregular de deudas a través de acciones de protección, reflejan cómo herramientas diseñadas para proteger derechos se convirtieron en instrumentos de impunidad.
Esta reforma busca devolver la legitimidad al sistema. Se propone fijar plazos claros para la interposición de acciones de protección, tipificar causales de improcedencia y establecer sanciones frente al abuso de estas herramientas. También se fortalece la competencia judicial en materia de hábeas corpus y se incorpora la figura de suspensión precautelatoria, con el fin de evitar pagos indebidos que afectan la sostenibilidad del Estado.
El proyecto recoge estándares de la Corte Constitucional para reforzar el control de sentencias, la consulta de normas y otras garantías. Asimismo, define con precisión los objetos de cada mecanismo, asegurando que no se desnaturalicen. La finalidad es clara: que las garantías jurisdiccionales vuelvan a ser un verdadero escudo de los derechos ciudadanos y no un arma utilizada para favorecer intereses particulares.
Esta reforma no pretende limitar derechos, sino impedir que la corrupción se infiltre en los procesos judiciales. Se trata de construir un marco normativo que fortalezca la seguridad jurídica y devuelva a la justicia constitucional su razón de ser: proteger a la ciudadanía con imparcialidad, eficacia y responsabilidad
Asambleísta por la provincia del Carchi
