La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte revisó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria de Eficiencia e Integridad en el Sistema de Salud Pública, encaminado a fortalecer la rectoría del sistema y mejorar la gobernanza sanitaria.
Según la explicación técnica del asesor de la Comisión, Tadeo Hidalgo, esta iniciativa no constituye únicamente una actualización normativa, sino una respuesta estructural y estratégica frente a los desafíos que enfrenta el sistema de salud en materia de equidad, sostenibilidad, acceso y calidad.
Explicó que el objeto de la Ley no solo reafirma el derecho a la salud como un derecho constitucionalmente protegido, sino que lo aborda desde un enfoque integral que articula principios como pluralidad, interculturalidad, bioética, equidad de género e intersectorialidad. De esta manera, se busca alinear la Ley Orgánica de Salud con los compromisos internacionales y con las necesidades reales de la diversa población del país.
Asimismo, señaló que la propuesta exige capacitación permanente a los profesionales de la salud en temas de ética, bioética, consentimiento informado, interculturalidad y salud digital. Esto, dijo, humaniza la atención médica, fortalece la relación médico–paciente y mejora los resultados clínicos.
La reforma no se impone de forma unilateral; por el contrario, establece que su implementación se realizará con los aportes de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Salud, asegurando consenso, viabilidad y sostenibilidad institucional.
“La reforma moderniza el marco legal de la salud sin perder su base constitucional; responde a vacíos técnicos, estructurales y de gestión que afectan a millones de ecuatorianos; incorpora tecnología, evidencia científica, ética y participación ciudadana como ejes transversales; y lo fortalece para hacerlo más eficiente, humano y justo”, precisó.
De acuerdo con el documento en análisis, el proyecto otorga al Ministerio de Salud Pública mayores capacidades normativas, regulatorias y técnicas, necesarias para liderar un sistema de salud más articulado, eficaz y alineado con los principios constitucionales. Esta clarificación de funciones mejora la gobernanza sectorial y permite una respuesta más oportuna y coherente ante los desafíos sanitarios del país.
Además, moderniza el sistema de salud mediante herramientas técnicas, digitales y basadas en evidencia, al establecer la historia clínica electrónica única, sistemas interoperables y un sistema de indicadores para monitorear el cumplimiento del derecho a la salud. Con ello, se impulsa una transformación estructural que permitirá mejorar la calidad de la atención, optimizar recursos y tomar decisiones informadas con base en datos reales.
La propuesta también avanza hacia una política farmacéutica sostenible, eficiente y justa, al introducir criterios de costo-efectividad, racionalidad en el uso de medicamentos y control en los procesos de adquisición y distribución. Esto garantiza acceso equitativo a tratamientos de calidad, reduce el desperdicio por caducidad y fortalece la planificación de la compra pública en beneficio de la población y de la sostenibilidad fiscal.
Tras la exposición técnica, el presidente de la Comisión, Juan José Reyes, dispuso la socialización del informe con los cambios propuestos por la asambleísta Annabella Azín y suspendió la sesión No.44 hasta una próxima convocatoria.
RSA
