Este viernes, 12 de septiembre, la Comisión de Régimen Económico, con seis votos a favor, aprobó el informe de Ejecución del Presupuesto General del Estado (PGE) correspondiente a los períodos enero-junio 2025 y abril-junio 2025. El documento concluye que el inicio del ejercicio fiscal 2025 respondió a un presupuesto prorrogado, al tratarse de un año de posesión presidencial. Es decir, se consideró el presupuesto codificado al 31 de diciembre de 2024, con excepción de los valores del Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Superior y los GAD, en los que se incorporó el presupuesto inicial 2024.
Para 2025, el monto codificado al 30 de junio ascendió a USD 36.063,02 millones, de los cuales se ejecutó el 47,68 %. Los sectores con mayor nivel de ejecución fueron Bienestar Social, Tesoro Nacional y Defensa Nacional.
Entre las entidades públicas con mayor monto devengado y un nivel de ejecución significativo en relación con el presupuesto codificado, se encuentran el Centro Nacional de Inteligencia (92,96 %), la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (70,89 %) y el Ministerio del Deporte (61,16 %).
El informe evidencia un incremento de los recursos fiscales, que alcanzaron los USD 8.838,46 millones en el primer semestre de 2025, respecto al mismo período de 2024. Dichos recursos representaron el 51,90 % de los ingresos del PGE y provinieron principalmente de ingresos tributarios, como resultado de la aplicación de las reformas a las leyes tributarias aprobadas durante el ejercicio económico 2024.
El Plan Anual de Inversiones contempló 223 proyectos priorizados, con un presupuesto inicial de USD 1.797,16 millones y un monto codificado de USD 2.165,99 millones, de los cuales se devengaron USD 503,92 millones.
En tal sentido, la Comisión recomienda que las entidades públicas responsables de la ejecución presupuestaria establezcan una hoja de ruta de planificación, con el fin de garantizar la utilización ininterrumpida de los recursos durante el año, en observancia de criterios de eficiencia y pertinencia.
Asimismo, plantea que los recursos provenientes de las distintas fuentes de financiamiento se asignen oportunamente a cada entidad pública, conforme al presupuesto aprobado para 2025, de manera que se asegure la prestación de servicios a la población más vulnerable, en especial a los sectores de salud y educación.
La Comisión abordó el informe de ejecución presupuestaria enero-junio de 2025 en seis sesiones, tres de ellas virtuales y tres presenciales, con la participación de 13 entidades públicas y sus respectivos delegados.
RSA
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