Con 7 votos afirmativos, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, aprobó una resolución para iniciar un proceso fiscalización al programa de redistribución de recursos impulsado por el Gobierno Nacional, en el marco de la eliminación del subsidio al diésel.
Durante la sesión, la mesa legislativa recibió en comisión general a representantes de organizaciones sociales y académicas quienes expusieron la realidad que enfrentan las personas adultas mayores en el Ecuador. Sonia Andrade Tafur, representante de la Red de la Coordinación Regional de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento y Vejez (Red CORV - Capítulo Ecuador), destacó la necesidad de fortalecer la protección de este grupo poblacional, señalando que actualmente el 70% de las personas mayores carece de seguridad social o pensión jubilatoria e instó a la Asamblea Nacional a analizar la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de actualizar el marco legal y adaptarlo a las realidades del envejecimiento del país.
De su lado, Alejandro Salazar, abogado litigante de la Red CORV, expuso la grave situación de violencia patrimonial que enfrentan muchos adultos mayores en el país, quienes son despojados de sus bienes mediante abusos de confianza, poderes fraudulentos o aprovechamiento de su desgaste cognitivo. En este sentido, planteó la necesidad de incorporar un tipo penal específico que sancione estas prácticas y permita garantizar una justicia especializada y oportuna para este grupo etario.
Pablo Álvarez, representante de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología, recordó que el envejecimiento es un proceso universal que conlleva vulnerabilidades de orden biológico, psicológico, social y medioambiental. Señaló que el Estado debe anticiparse a estos desafíos con políticas públicas que garanticen autonomía y calidad de vida en la vejez. Enfatizó la necesidad de priorizar la salud mental como eje central de atención a las personas mayores especialmente, frente a enfermedades como el Alzheimer y otros trastornos cognitivos que incrementan la dependencia y la exposición al maltrato.
Angélica Martínez, coordinadora nacional del Posgrado de Geriatría y Gerontología de la PUCE, advirtió que el Ecuador enfrentará en apenas tres décadas un acelerado proceso de envejecimiento poblacional. Resaltó que el 70% de los adultos mayores no accede a pensión contributiva o no contributiva y que la carga de enfermedad en el país aparece seis años antes que, en otras naciones, lo que incrementa los gastos en medicamentos y cuidados especializados. En este sentido, planteó la necesidad de implementar un modelo de atención gerontológica especializada, que no requiera mayor inversión, pero que garantice la calidad de vida a las personas mayores.
Finalmente, José Cevallos, director de la Fundación Fundemos Esperanza, resaltó la importancia de dejar de normalizar el deterioro cognitivo en los adultos mayores y de promover su integración activa en la comunidad. Explicó que, en los recorridos territoriales de la organización, se evidencia cómo muchas familias limitan el cuidado a la alimentación y el encendido de la televisión, sin brindar acompañamiento ni estimulación adecuada. Por lo que hizo un llamado a invertir en espacios y programas que fortalezcan las capacidades de las personas mayores y preparen al país frente al crecimiento de esta población hacia el 2050.
MEV
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