El fortalecimiento de las capacidades institucionales para la efectiva aplicación de principios legales y constitucionales, garantizando a los residentes amazónicos —en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad— el ejercicio pleno del derecho al trabajo en condiciones de prioridad, y promoviendo la reducción de las brechas estructurales existentes en el acceso al empleo preferente dentro del ámbito territorial de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, es el objetivo del proyecto presentado por cinco legisladores de esta región.
El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de la Inclusión Laboral y el Derecho al Empleo Preferente en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, preparado por los legisladores representantes de las provincias amazónicas: Comps Córdova, Héctor Valladares, Juan Guzmán, Guillermo Báez y Nanki Saant, recoge las demandas de varios sectores respecto a su situación laboral.
Comps Córdova explicó que se trata de reforzar la aplicación de la inclusión laboral y el principio de trabajo preferente en favor de los ciudadanos amazónicos, disponiendo la obligatoriedad de que al menos el 80 % de las nóminas de instituciones y empresas que operen en dicha circunscripción estén integradas por residentes permanentes, salvo en los casos debidamente justificados en los que no exista mano de obra calificada disponible.
Indicó que el proyecto, que reforma tanto el Código del Trabajo como la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), busca garantizar mayores derechos a los trabajadores de la Amazonía.
Asimismo, sostuvo que la LOSEP establece concursos de mérito y oposición que actualmente se encuentran cerrados, y que en la Amazonía se requiere garantizar procesos de contratación en todas las áreas, sobre todo en salud, magisterio, petrolero, entre otras.
Explicó además que el proyecto garantiza la oportunidad laboral a las personas con discapacidad, otorgando un tratamiento especial a este sector en los procesos de contratación.
Por su parte, Héctor Valladares señaló que ahora se incluyen sanciones en la LOSEP y en el Código del Trabajo.
En la propuesta se considera que la LOSEP obliga a las instituciones públicas con más de 25 servidores a contratar progresivamente hasta un 4 % de personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, garantizando la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, dicha norma no contempla una disposición equivalente que exija a las entidades del sector público contratar preferentemente a residentes permanentes de la Circunscripción Territorial Amazónica, tal como lo dispone el artículo 41.2 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
RSA
