En el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes recibió la comparecencia de varios funcionarios públicos, quienes presentaron sus observaciones y aportes técnicos al proyecto de reformas, presentado por el legislador Raúl Chávez.
Rafael Quishpe, agente fiscal de Pichincha, destacó que la propuesta de reforma es de vital importancia para consolidar un marco legislativo que contribuya a una mejor convivencia social. Explicó que, en los últimos 10 años, los medios de comunicación han influido en la construcción de conductas violentas en adolescentes, lo que hoy se refleja en estadísticas de infracciones, desapariciones y muertes.
Subrayó que sancionar a un adolescente infractor le cuesta al Estado más de 17 mil dólares, mientras que invertir en prevención y salud mental dentro del sistema educativo tendría un impacto transformador en la vida de decenas de jóvenes. “No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes”, sostuvo.
Por su parte, Zadkiel Cárdenas, secretario de Educación del Municipio de Quito, señaló que los problemas educativos y de salud mental son esencialmente contextuales y requieren respuestas integrales que trasciendan las aulas. En este sentido, presentó los ejes transversales que sustentan una educación de calidad: salud, cuidado, tecnología, innovación, integralidad e infraestructura.
Recordó que en el año 2023 se implementó el “Plan Escuelas Saludables”, compuesto por cinco estrategias que abarcan nutrición, salud mental, prevención de adicciones, educación sexual y salud oral, logrando avances como un tamizaje nutricional en el 98% de estudiantes y por primera vez, la histórica ausencia de deserciones escolares por embarazo adolescente en el último año.
Finalmente, Katherine Chérrez, representante del Hospital San Lázaro, enfatizó que la salud mental es un componente esencial de la salud pública y debe abordarse desde todos sus determinantes biológicos, sociales, culturales y de acceso a los servicios. Informó que, en Quito, la Coordinación Zonal 9 conformó la Red de Salud Mental, articulando servicios y levantando un diagnóstico situacional que evidencia importantes brechas en talento humano, especialmente en psiquiatría infantil.
Dijo que actualmente, se cuenta con 25 psiquiatras, 30 neuropsicólogos, 13 psicólogos infantiles, 57 trabajadoras sociales y 15 terapistas ocupacionales, lo que refleja que la salud mental no puede limitarse solo a la psiquiatría o psicología, sino que requiere un enfoque integral e interdisciplinario. Sin embargo, recalcó que la red trabaja en tres ejes fundamentales: la promoción, la prevención y fortalecimiento de servicios con inclusión social y educativa, con énfasis en la micro red de conducta suicida, dado que esta es hoy la primera causa de mortalidad entre jóvenes de 15 a 29 años en Quito.
MEV
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