En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para recategorizar las contravenciones de tránsito, fortalecer la seguridad vial preventiva y reducir la carga procesal en materia de tránsito en los juzgados del país, la Comisión de Gobiernos Autónomos revisó las observaciones presentadas, con miras a la construcción del informe para segundo debate.
El legislador Steven Ordóñez, tras señalar que la verdadera política se hace desde los territorios, manifestó que la ley en tratamiento debe guardar coherencia con la nueva normativa sobre tránsito que se discute en la Comisión de Desarrollo Económico.
Ordóñez propuso reformar los artículos 5 y 9 del proyecto, a fin de que las sanciones sean administrativas y no de recaudación, en consideración a la grave crisis que atraviesa el sector del transporte. Explicó que el artículo 5, que reforma el artículo 386 del COIP, se refiere a las infracciones de tránsito, especialmente al exceso de velocidad, que actualmente contempla como sanción la pérdida de 10 puntos en la licencia y una multa de un salario básico unificado. Mientras que el artículo 9, que reforma el artículo 389 del COIP, establece una sanción equivalente al 30% del salario básico unificado.
Por su parte, la asambleísta Sandra Figueroa señaló que las sanciones deben mantenerse, en particular las relacionadas con el exceso de velocidad, dado el elevado número de muertes que esta infracción ocasiona.
El legislador Pablo Jurado agradeció la participación del asambleísta Ordóñez y destacó la importancia de articular el trabajo entre la Comisión de Desarrollo Económico —donde se analiza la Ley de Tránsito— y la Comisión de Gobiernos Autónomos —que trata las reformas al COIP en materia de tránsito—, para así construir leyes adecuadas en beneficio del país.
En tanto, Samuel Célleri manifestó que el tema de los radares debe considerarse no solo desde la perspectiva de los transportistas, sino también de los peatones. Añadió que, de mantenerse su uso, estos deben ser fiscalizados rigurosamente a través de ordenanzas municipales, pues en muchos casos han sido utilizados como “caja chica” para negocios particulares y no para financiar medidas de seguridad vial.
Célleri también sugirió analizar las observaciones de la Coalición de Movilidad Humana, que incluyen legislación comparada y estadísticas. Señaló que, en países como Brasil, las reformas en materia de tránsito permitieron reducir en un 50% los accidentes, por lo que es fundamental alcanzar consensos antes de llevar la propuesta a segundo debate.
Finalmente, Lucía Pozo, presidenta de la Comisión, informó que se han recibido numerosas observaciones y recalcó que el informe para segundo debate debe construirse con el aporte de expertos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado, a fin de que la propuesta pueda ser defendida en el Pleno de la Asamblea Nacional.
RSA
