El principio del valor por dinero, la lucha contra la corrupción, la aplicación de criterios diferenciados en la Amazonía, la agilidad en los procesos, así como la necesidad de una reforma integral, fueron algunos de los temas más abordados durante el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
La normativa fue aprobada con 80 votos afirmativos, tras un amplio debate en el que participaron 19 asambleístas de las diferentes bancadas políticas representadas en el Parlamento. En sus intervenciones, destacaron la importancia de las compras públicas como herramienta para atender las necesidades de la población.
El debate se inició con la intervención de la legisladora Nathaly Farinango, ponente del informe, quien recordó que el proyecto fue construido desde enero de 2024, a través de 36 sesiones y 58 comisiones generales.
Farinango precisó que la propuesta constituye una reconfiguración integral del Sistema Nacional de Contratación Pública, que incorpora varios avances, entre ellos, el principio del valor por dinero, la priorización de la calidad de los bienes y servicios, el reconocimiento de nuevos principios, la promoción de la digitalización de procesos, la implementación de criterios preferenciales y la conversión de la contratación pública en un instrumento de desarrollo para la Amazonía. Además, destacó que se busca reducir la discrecionalidad administrativa, entre otros aspectos.
La legisladora señaló que, en las comisiones generales desarrolladas por la Comisión de Régimen Económico, varios expertos invitados destacaron las reformas que se encontraban contempladas en la Ley Orgánica de Integridad Pública. Añadió que el proyecto responde a una necesidad urgente del país en materia de contratación pública.
Coincidió con la ponente la legisladora María Cristina Acuña, quien resaltó los principios de transparencia, eficiencia y resultados. Subrayó, además, la incorporación de criterios diferenciados de contratación para la circunscripción territorial especial amazónica.
Por su parte, el legislador José Vallejo, al analizar varios aspectos de la contratación pública, alertó que actualmente alrededor de 13 000 procesos estarían incumpliendo la sentencia No. 52-25-IN/25 de la Corte Constitucional.
De su lado, el asambleísta Otto Vera recomendó que se cumpla con el procedimiento parlamentario correspondiente respecto de las reformas, a las que calificó como positivas. Planteó que las observaciones realizadas durante el debate sean devueltas a la comisión para su análisis, en observancia del principio de debate democrático y de publicidad, conforme a los artículos 114 y 115 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. También, la legisladora Mariana Yumbay, tras referirse a los principales aspectos normativos, consideró pertinente que la Comisión de Régimen Económico analice las observaciones dentro del plazo establecido por la ley.
El legislador Fernando Nantipia señaló que esta ley busca erradicar la corrupción en la contratación pública y fue elaborada de manera colectiva, en respuesta al clamor ciudadano.
A su vez, Mishel Mancheno reflexionó sobre la situación de los comerciantes que no pueden cumplir con los requisitos actuales de la normativa, destacando que esta reforma representa una oportunidad para eliminar los obstáculos burocráticos. Añadió que no se debe seguir parchando un cuerpo legal que requiere una transformación integral.
El texto aprobado por el Parlamento será remitido al presidente de la República, Daniel Noboa Azin, para su sanción u objeción. Una vez sancionado, el proyecto de ley será promulgado y publicado en el Registro Oficial.
AM
