Dentro del tratamiento del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, calificado como urgente en materia económica, la Comisión de Desarrollo Económico, recibió a Edwin Cañizares, subsecretario de Defensa Nacional; Juan Martínez, subsecretario de Planificación y Economía de la Defensa; y Emilio Gallardo, director jurídico del Comité Empresarial.
El delegado del Ministro de Defensa, Edwin Cañizares, destacó que desde enero de 2024 el Ecuador enfrenta un conflicto armado interno que ha transformado la naturaleza de la amenaza criminal y la forma en que las fuerzas del orden deben responder. Subrayó que las organizaciones delincuenciales poseen una alta capacidad económica, lo que se traduce en tecnología avanzada y presencia territorial, por lo que el Estado requiere mayor respaldo tecnológico y operacional para garantizar su soberanía y seguridad interna.
“El nivel de amenaza exige dotar a nuestros efectivos de equipos y tecnología adecuados para cumplir la misión constitucional de defender la soberanía y la integridad territorial”, afirmó. Asimismo, explicó que las Fuerzas Armadas necesitan fortalecer su movilidad, inteligencia y protección, mediante la adquisición de medios de transporte aéreo, fluvial y terrestre, sistemas de comunicación segura, plataformas de vigilancia, drones, radares móviles, sensores, equipos de visión nocturna y tecnología antidrones, además de equipamiento de protección personal especializado.
Resaltó que el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional reconoce la urgencia de estos requerimientos y propone incorporar la corresponsabilidad del sector privado, empresas nacionales y organismos internacionales a través de donaciones controladas y seguras, sin sustituir la inversión estatal ni afectar la institucionalidad militar.
“Este instrumento permitirá obtener equipamiento estratégico con agilidad, bajo altos estándares técnicos, de control y confidencialidad, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas”, señaló. Cañizares afirmó que respaldar esta iniciativa es fortalecer la capacidad del Estado para garantizar la paz, y recordó que la seguridad nacional es un compromiso compartido entre el gobierno, las Fuerzas Armadas y toda la sociedad ecuatoriana.
De su lado, Juan Martínez, representante del Ministro de Defensa, destacó que el proyecto de ley presentado propone una herramienta moderna de financiamiento complementario que permitirá recibir aportes privados, de empresa nacionales e internacionales, así como de organismos multilaterales, mediante donaciones para fortalecer las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Este mecanismo busca dotar al Estado de recursos inmediatos y ágiles, evitando los largos plazos del gasto público tradicional, sin comprometer la transparencia, ya que cada donación contará con trazabilidad, auditorías y supervisión interinstitucional. Martínez subrayó que la iniciativa fomenta la corresponsabilidad nacional, reconociendo que la defensa no es tarea exclusiva del gobierno, sino una causa común que involucra a todos los sectores productivos y sociales del país. Además, señaló que el proyecto es coherente con principios de sostenibilidad, eficiencia y transparencia, fortaleciendo las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional frente a las amenazas que afectan la estabilidad y la paz del país.
Finalmente, Emilio Gallardo, director jurídico del Comité Empresarial, señaló que cualquier iniciativa orientada a fortalecer la lucha contra la extorsión y la delincuencia organizada, contará con el respaldo del sector privado, ya sea mediante donaciones o aportes voluntarios. Manifestó que el sector empresarial continuará canalizando, a través de sus gremios, las necesidades que determine el Ministerio de Gobierno e hizo un llamado a que la ley se apruebe con prontitud para que las donaciones puedan concretarse cuanto antes.
MEV
