Con 80 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 7 de octubre de 2025 el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, normativa elaborada desde el despacho de la asambleísta Carmen Tiupul y, con aportes de otros legisladores. La propuesta fue presentada el 31 de julio de 2024, con la activa participación de los y las comerciantes del Centro Comercial Popular “La Condamine”, Mercado Mariano Borja La Merced, Mercado “La Esperanza 2”, Mercado San Alfonso, Mercado Oriental, la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, la Asamblea Local Ciudadana del cantón Riobamba.
La reforma responde a una problemática legal y administrativa relacionada con los contratos de arrendamiento de locales comerciales, plazas, mercados, terminales terrestres y baterías sanitarias, que históricamente quedaron en un vacío legal tras la derogatoria de la resolución INCOP N° 13-09. Esto generaba incertidumbre sobre la aplicación del Portal COMPRAS PÚBLICAS para los arrendamientos de uso especial, como los de centros comerciales populares y mercados.
Hoy, con la aprobación de la Sección V, Art. 73 sobre Arrendamiento, se establece que:
Los contratos de arrendamiento, cuando el Estado tenga calidad de arrendadora, los contratos de locales comerciales —como quioscos, stands, cabinas, islas, casetas y establecimientos similares en bienes de uso público— se arrendarán preferentemente a arrendatarios locales, pudiéndose realizar invitaciones individuales.
Esta norma aplica siempre que los bienes no respondan a una modalidad administrativa de autorización, licencia o concesión de uso público, y se fundamenta en el artículo 417 del COOTAD. “Con esta reforma protegemos a los 4.500 comerciantes de nuestra provincia, asegurando que sus contratos se renueven en igualdad de condiciones, respetando años de trabajo y el aporte que realizan a la economía popular y solidaria.
Esta ley no solo beneficia a Chimborazo, sino que sienta un precedente para emprendedores de todo el país”, destacó la legisladora Carmen Tiupul. Su aprobación asegura derechos contractuales y laborales, fortalece la economía popular y solidaria, abre nuevas oportunidades y garantiza condiciones más justas para quienes generan empleo en Ecuador.
Carmen Tiupul es una mujer kichwa puruwa, originaria de la comunidad Amulá Casaloma del Pueblo Cacha, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Ingeniera en Administración de Empresas, cuenta además con un Diplomado en Fortalecimiento del Liderazgo otorgado en Chile. Su vida ha estado marcada por una firme vocación de servicio, desempeñándose como dirigente, docente, activista política, lideresa comunitaria, luchadora social y defensora de los derechos de la naturaleza.
Fue la primera mujer en presidir la Federación de los Pueblos Indígenas de la Nación Puruhá Cacha, rompiendo barreras históricas en espacios tradicionalmente dominados por hombres. También fue Vicepresidenta de la Junta Parroquial Cacha entre 2014 y 2018, desde donde impulsó iniciativas de desarrollo comunitario con enfoque intercultural. Ha ejercido liderazgo como coordinadora del colectivo de mujeres “Saritas Cacha”, de la Caja Comunal Amulá Casaloma y como vicepresidenta de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (COMICH), organización provincial que forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Asimismo, ha sido parte activa de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI).
En octubre de 2019, fue injustamente criminalizada y sentenciada por su participación en la defensa de los derechos del pueblo ecuatoriano durante las jornadas de protesta social, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia y dignidad del movimiento indígena.
Actualmente, Carmen Tiupul es asambleísta nacional por la provincia de Chimborazo y ocupa la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, desde donde continúa su compromiso con la justicia social, la equidad, la protección de los derechos colectivos y el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas del país, así como la defensa activa de los derechos de la Pachamama.
