Con 76 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que rechaza el ataque realizado contra el convoy humanitario, que transportaba alimentos, medicinas y combustibles para ayudar a las comunidades y habitantes de la Sierra Norte de Ecuador.
La resolución aprobada expresa la solidaridad de la Asamblea Nacional con las autoridades del país, el cuerpo diplomático y las personas que acompañaban al convoy humanitario, quienes fueron objeto del ataque. Además, el Parlamento rechaza todo acto de violencia o barbarie que se produzca en el país, en el contexto de las protestas ciudadanas y que atenten contra la vida y los bienes públicos; así como de los bienes privados de los ciudadanos.
El legislativo también ratificó su compromiso de velar por la paz, la seguridad ciudadana, el diálogo permanente, la defensa de los principios democráticos, y el bienestar del pueblo ecuatoriano. Asimismo, dispuso notificar esta resolución a la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para que a través de sus canales oficiales difunda al Honorable Cuerpo Diplomático acreditado en Ecuador y a los organismos internacionales pertinentes.
Durante el debate, el asambleísta Hernán Zapata, proponente de la resolución, resaltó que los ecuatorianos son personas de bien, trabajadoras y solidarias, que promueven la paz y buscan el bienestar de sus familias y comunidades. Agregó además que reportes de inteligencia evidencian que, en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbabura, operan grupos vinculados a actividades ilícitas, como la minería ilegal y otros tipos de hechos ilícitos, que están amedrentando a la ciudadanía y afectando la seguridad de la región.
Por su parte, el legislador John Polanco enfatizó que el propósito de la resolución es condenar el ataque y reiteró que “el Ecuador no está para paralizarse, sino para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes”. Mientras tanto, Juan Gonzaga propuso la creación de una comisión especializada que contribuya a buscar soluciones y evitar la politización de la crisis.
De su lado, Jorge Chamba cuestionó los niveles de violencia que afectan al país y alertó sobre las pérdidas económicas estimadas en más de 1.600 millones de dólares anuales. Otros legisladores como Fernando de la Torre, Ricardo Patiño y Ronal González cuestionaron los ataques por parte de las fuerzas del orden, pidieron no minimizar la gravedad de lo ocurrido y coincidieron en la necesidad de promover el respeto a los derechos humanos.
MEV
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