La Comisión de Desarrollo Económico, recibió a Ana Burbano, coordinadora de estrategia de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación y Rodrigo Reinoso, vicerrector del Instituto Superior de Cotopaxi, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación.
Ana Burbano, coordinadora de Estrategia y Diálogo Público-Privado de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI), destacó que esta red integrada por más de 180 aliados entre los sectores público, privado, académico y organismos multilaterales, impulsa conjuntamente más del 14% del PIB nacional.
Durante su intervención, Burbano subrayó la urgencia de conectar la formación académica con las necesidades reales del mercado laboral, recordando que solo el 35,9% de los jóvenes de la PEA cuenta con un empleo adecuado y que apenas el 4% de las carreras están orientadas a la innovación y la tecnología.
En ese contexto, resaltó la importancia de garantizar el financiamiento para la formación dual, incluir a los hubs de innovación como espacios colaborativos entre universidades, empresas y gobiernos locales, y fortalecer la gobernanza público-privada a través de un comité articulador. “Cada joven formado y cada empresa innovando son el verdadero motor que impulsará la reactivación económica y el desarrollo sostenible del país”, enfatizó.
Por su parte, Rodrigo Reinoso, vicerrector académico del Instituto Superior Tecnológico de Cotopaxi, compartió la experiencia de esta institución pública ubicada en la zona centro del país. Actualmente, más de 500 estudiantes participan en programas de formación dual a través de 80 convenios con empresas, gobiernos locales y organizaciones sociales. Entre sus experiencias innovadoras sobresalen la carrera de Manejo Apícola Sostenible, primera en América Latina, y la de Gestión Territorial del Cambio Climático, ambas con un fuerte componente de vinculación territorial y cooperación internacional.
Reinoso subrayó que la formación técnica y tecnológica debe concebirse como un modelo integral basado en competencias y en el saber hacer, donde el sector productivo sea parte activa de la co-creación y evaluación de los programas académicos. En este sentido, celebró que el proyecto de ley para la formación técnica y dual promueva la articulación entre Estado, empresa y academia, planteando como aporte la creación de un marco común de cualificaciones profesionales que oriente la formación hacia las necesidades reales del país.
“Esta ley representa una oportunidad histórica para construir juntos una educación técnica de calidad, vinculada al territorio y al desarrollo productivo nacional”, concluyó.
MEV
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