La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, en el marco del proceso de fiscalización al programa de redistribución de recursos impulsado por el Gobierno Nacional, tras la eliminación del subsidio al diésel, recibió al ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, quien informó sobre los mecanismos y la metodología para la implementación de la estrategia nacional de redistribución de recursos y protección social.
El ministro detalló los montos ejecutados hasta la fecha: USD 97.289.200,00 para Jóvenes en Acción; USD 770.770,00 para migrantes retornados; USD 58.654.000,00 para el programa Reactívate, Incentívate Emprendedor; USD 78.120.800,00 para Ecuatorianos en Acción; USD 11.516.800,00 para el Bono Catta–Nuevo Ecuador; USD 20.582.863,90 para transferencias complementarias; USD 72.151.000,00 para el Bono Raíces; y USD 31.351.600,00 para el nuevo período de Jóvenes en Acción.
Estos rubros representan un total de USD 370.367.033,00, en beneficio de 458.937 usuarios habilitados, según datos de la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo del Ministerio de Desarrollo Humano.
La autoridad explicó que el Decreto Ejecutivo N.º 125, emitido el 12 de septiembre de 2025, viabilizó el mecanismo de compensación por la reforma del precio del diésel automotriz, mediante transferencias monetarias mensuales dirigidas a propietarios de vehículos de transporte público intercantonal, intraprovincial e interprovincial.
En lo posterior, el Decreto N.º 161 amplió las modalidades de pago en ventanilla para dicho mecanismo de compensación, mientras que el Decreto N.º 180 extendió este beneficio al transporte comercial de carga pesada, liviana, mixta y escolar.
La información presentada por el secretario de Estado fue analizada por los asambleístas de la Comisión y por los participantes de la sesión, quienes centraron sus observaciones en los criterios para definir las compensaciones, la atención a sectores sensibles del transporte, la temporalidad del programa, la identificación de nuevos beneficiarios, la reducción del contrabando de combustibles y los casos específicos que requieren apoyo social.
Otros puntos considerados fueron la ejecución presupuestaria de la cartera de Estado, fallas en el sistema de registro y la necesidad de conocer los porcentajes o cifras de la reducción de la minería ilegal.
AM
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