La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, presidida por la asambleísta Inés Alarcón, sesionó el 21 de octubre de 2025 en el Palacio Legislativo con la presencia de 10 legisladores. Se aprobó la participación con voz, pero sin voto, de los asambleístas María del Cisne Molina, Roberto Jaramillo, Marco Olmedo y María Verónica Íñiguez.
En el marco de la fiscalización dispuesta por la resolución 001-2025-2027, sobre los actos de violencia registrados durante las movilizaciones desde septiembre del 2025, comparecieron delegados del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, encabezados por el general Fausto Íñiguez y del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas los generales Edwin Cañizares y Manuel Dávila.
El general Íñiguez informó que las protestas en Imbabura provocaron bloqueos que afectaron la libre circulación, la salud y la alimentación, lo que motivó la implementación de planes de contingencia, corredores logísticos y uso progresivo de la fuerza, bajo protocolos nacionales e internacionales. El mayor Emilio Terán añadió que desde 2005 se mantienen procesos de autorregulación y doble investigación externa e interna, frente a posibles abusos.
Por su parte, el general Cañizares explicó que las Fuerzas Armadas actúan en apoyo complementario a la Policía Nacional durante estados de excepción, conforme al principio de legítimo uso de la fuerza y con criterios de proporcionalidad.
Durante el debate, se formularon diversas preguntas sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones, que algunos calificaron como actos de sabotaje y terrorismo. Los miembros de la comisión expresaron distintas posturas respecto al rol del Estado, la legitimidad de la protesta y la necesidad de fortalecer el diálogo nacional.
GO
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