Como legislador, considero que la Asamblea Nacional tiene dos funciones rectoras fundamentales: legislar y fiscalizar. En el ámbito legislativo, la ciudadanía conoce con aciertos y desaciertos el trabajo que realizamos. Sin embargo, para quienes representamos a las seis provincias amazónicas, hay un tema que nos interpela directamente: la defensa y exigibilidad de los derechos diferenciados que nos reconoce la Ley de la Amazonía.
El artículo 42 de esta ley garantiza a los amazónicos el acceso a créditos preferenciales en tasas, plazos y garantías, precisamente por el alto costo de vida en nuestra región. Esta disposición entró en vigencia en enero de 2024 y establecía que la Junta Monetaria y Financiera debía emitir en un plazo máximo de 90 días el portafolio de productos y beneficios específicos.
Han pasado los meses y este portafolio aún no existe. Esto se debe a que, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, se fusionaron las juntas y recién hace poco fue posesionado un nuevo grupo colegiado de cinco miembros. La falta de acción de las autoridades anteriores ha generado un incumplimiento que no podemos ignorar.
Por eso, considero urgente definir una hoja de ruta clara que establezca responsables y plazos concretos para garantizar que estos derechos no queden solo en el papel. Como amazónicos, tenemos la obligación de exigir su cumplimiento y de que se materialicen en beneficios reales para nuestra gente.
Juan Marco Gonzaga Salazar es abogado de profesión, con una sólida formación jurídica y un compromiso firme con la justicia social, la equidad territorial y la defensa de los derechos ciudadanos. Su trayectoria pública y privada se ha forjado durante más de dos décadas de servicio al país, especialmente en la región amazónica, desde donde ha impulsado el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia y el desarrollo local con identidad.
Inició su carrera como Secretario-Abogado en la Defensoría del Pueblo, donde sirvió durante más de una década (1999–2010), velando por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Posteriormente, aportó desde el Gobierno Provincial de Sucumbíos (2010–2012), fortaleciendo el trabajo jurídico y administrativo en favor de las comunidades de la Amazonía. Desde el año 2012 hasta la actualidad, ha ejercido el patrocinio legal independiente, acompañando procesos de defensa y asesoría a sectores populares, organizaciones sociales y actores institucionales.
Es abogado por la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Técnica Particular de Loja, y Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, donde también cursó estudios de Maestría en Derecho Penal. Esta sólida preparación le ha permitido intervenir en espacios complejos del debate legal y social del país, siempre con una visión garantista y territorial.
Además de su actividad jurídica, ha ejercido un liderazgo activo en el gremio profesional como presidente de la Asociación de Abogados de Sucumbíos y ha promovido espacios de integración social y deportiva como presidente del Club Deportivo JUS LEX.
Juan Marco Gonzaga representa una visión política basada en el respeto a los derechos, la equidad regional, la legalidad y el desarrollo con justicia para todos los territorios del Ecuador.
