En la sesión 041, la Comisión de Gobiernos Autónomos avanzó en el análisis del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para Recategorizar las Contravenciones de Tránsito, Fortalecer la Seguridad Vial Preventiva y Reducir la Carga Procesal en Materia de Tránsito dentro de los juzgados del país, en el marco de la construcción del Informe para segundo debate.
Los legisladores coincidieron en la necesidad de mejorar el sistema de control de tránsito del país, fortalecer la seguridad vial preventiva y garantizar que los operativos sean planificados con criterios técnicos, considerando la temporalidad, los registros y el uso de equipos que transmitan en vivo y graben audio y video.
El asambleísta Blasco Luna enfatizó la necesidad de corregir los vacíos legales existentes en la ley y de mejorar las condiciones de vialidad y tránsito a nivel nacional. Propuso que los operativos de control de tránsito respondan a criterios técnicos, sobre la base de una adecuada planificación, considerando la accidentabilidad, la oportunidad y la temporalidad. Para ello, se deberá utilizar equipamiento electrónico que transmita en vivo y permita conocer el estado actual y la línea de tiempo en tiempo real, garantizando la veracidad de los operativos.
También planteó sanciones para las autoridades y agentes de tránsito que incumplan estas disposiciones, así como la modificación de las sanciones para las personas que no porten los documentos de conducir, los cuales pueden verificarse en línea mediante el registro de datos del conductor, con el fin de evitar la coima y la corrupción. Además, sugirió que los cascos de los motociclistas cuenten con un código QR y pasen por un control técnico previo.
Según Luna, el control de tránsito en las carreteras sigue siendo un espacio propenso a la corrupción y la coima por parte de ciertos agentes de tránsito y de la Policía Nacional, especialmente en zonas sin cobertura, donde actúan con arbitrariedad buscando obtener dinero en lugar de cumplir su función preventiva.
En relación con el proceso de recategorización de las contravenciones de tránsito y la reducción de la carga procesal, Juan Gonzaga explicó que estas categorías están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal y tienen una naturaleza esencialmente preventiva, ya que se trata de delitos de peligro. Por ello, el objetivo no es sancionar un resultado, sino evitar que se consume un hecho que afecte bienes jurídicos o derechos constitucionales.
Gonzaga consideró que, tratándose de delitos de peligro, la acción del Estado debe ser preventiva más que coercitiva. Propuso que el ciudadano pueda impugnar o corregir una sanción en un plazo de tres días; de no hacerlo, se entenderá que ha perdido esa posibilidad. Además, planteó revisar las facultades de los operadores de justicia en materia de contravenciones.
Por su parte, Xavier Lasso aseguró que el uso de recursos tecnológicos impedirá las coimas y ayudará a combatir la corrupción; en caso contrario, la destitución de los responsables debe ser inmediata. Propuso también que, cuando se ordenen cambios de llantas, el plazo sea de ocho días, y que el trabajo comunitario se aplique únicamente en casos concretos.
Samuel Célleri destacó la necesidad de controlar la fabricación de cascos por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, para garantizar su calidad y efectividad en la prevención de accidentes. Añadió que debe sancionarse a los servidores públicos que no manejen adecuadamente el sistema informático.
Milton Aguas resaltó la importancia del uso de la tecnología de la información para transparentar los procesos y eliminar la corrupción. También respaldó la obligatoriedad del código QR en los cascos de los motociclistas y propuso que el trabajo comunitario tenga parámetros claros y un impacto real en la sociedad.
La asambleísta Elizabeth Orellana propuso reformar el Código Penal para que las contravenciones por conducir en estado de embriaguez se sancionen con multas económicas, trabajo comunitario y reducción de puntos en la licencia, dejando la prisión como último recurso. Argumentó que esto permitiría a los operadores de justicia concentrarse en los delitos más graves. Recalcó que la reincidencia debe ser castigada con todo el peso de la ley y coincidió en la importancia del uso de cámaras de seguridad.
Luis Moya destacó el valor de los aportes y testimonios derivados de la experiencia cotidiana en las vías del país. Señaló que al recorrer el territorio se observa a menudo vehículos de control de tránsito con vidrios polarizados o sin placas, lo que afecta la transparencia del trabajo de los agentes. Sugirió que los GAD también asuman competencias en esta materia, implementen planes de sensibilización para la prevención y sistematicen los controles con la debida documentación.
Por último, Pablo Jurado recalcó que la intención de todas estas propuestas es salvar vidas a través de aportes necesarios. Manifestó su preocupación por las estadísticas de accidentes de tránsito y advirtió que muchos bloqueos en las vías no responden a fines preventivos, sino a intereses particulares.
Previamente, la presidenta de la Comisión, Lucía Pozo, recordó que se han recibido aportes de expertos, técnicos, representantes de la sociedad civil e instituciones del Estado, con el fin de continuar nutriendo el proyecto de ley en beneficio de todos los ecuatorianos.
RSA
Soy Pablo Jurado, nací en Ibarra el 6 de febrero de 1961 y desde entonces mi vida ha estado ligada a esta tierra que tanto quiero: Imbabura. Vengo de una familia honorable, de esas que te enseñan a valorar cada logro y a nunca olvidar de dónde vienes. Me eduqué en el Colegio Teodoro Gómez de la Torre y luego llegué a la Universidad Central del Ecuador, donde me gradué como licenciado en Ciencias de la Información.
Mi primera pasión fue el periodismo. Empecé como periodista deportivo en varias radios de Ibarra y Quito, con la emoción de un joven que soñaba en grande. Después llegaron los diarios El Comercio en Quito y El Norte en Ibarra, donde pude escribir y compartir mis ideas con la gente. Ese amor por la comunicación me llevó incluso a ser presidente del Colegio de Periodistas de Imbabura y de la UNP.
Con el tiempo, la política me encontró. En 1981 me afilié a la Izquierda Democrática y, desde entonces, fui aprendiendo desde abajo: jefe de Relaciones del Municipio de Ibarra, jefe del IECE, consejero alterno, secretario del Consejo Provincial… Cada cargo me enseñó algo distinto, pero todo me reafirmó que lo mío era trabajar por la gente.
La confianza de mis conciudadanos me llevó a ser concejal en 1996 y en 2002, y en ese último periodo me nombraron vicealcalde. En 2004 la vida me regaló un gran honor: ser elegido alcalde de Ibarra. Allí confirmé que gobernar no es mandar, sino escuchar y servir.
Años más tarde, en 2014, hombres y mujeres de Imbabura me eligieron prefecto. Fueron años de mucho trabajo, donde mi prioridad fue abrir caminos, mejorar la vialidad, impulsar proyectos de riego y darle nuevas oportunidades a nuestra provincia. En 2019 volví a recibir el respaldo inmenso en las urnas y, poco después, tuve el privilegio de presidir el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador por dos periodos consecutivos.
Ahora, en 2025, el destino me puso otro reto: ser asambleísta por Imbabura con el Movimiento Construye. Asumo con la misma convicción que me ha acompañado toda la vida: hacer política no es un privilegio, es un compromiso con la gente.
Soy periodista, abogado, magíster en Derecho Constitucional, pero, por encima de todo, soy un ibarreño agradecido, un hombre que nunca olvida que cada paso que ha dado lo debe al cariño, la confianza y la esperanza de su pueblo. Simplemente, soy el amigo Pablo.
