El asambleísta Alejandro Lara, representante de la provincia de Tungurahua, presentó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos en Materia de Inventarios y Partición, con el objetivo de modernizar, clarificar y agilizar los procedimientos judiciales relacionados con la formación de inventarios y la partición de bienes.
La propuesta legislativa busca fortalecer la seguridad jurídica y garantizar la eficiencia procesal en casos de sucesiones, sociedades conyugales, uniones de hecho y copropiedades, estableciendo reglas más claras sobre la competencia judicial, la presentación de inventarios y la participación de los interesados en los procesos.
Entre los principales cambios se plantea la posibilidad de que cualquiera de los herederos o condóminos solicite la partición no voluntaria, acompañando a la demanda el inventario respectivo y la propuesta de partición de bienes. Asimismo, se determina que el juez competente para conocer los procesos de partición de bienes sucesorios, conyugales o de uniones de hecho será el juez de familia, atendiendo la naturaleza del vínculo jurídico que dio origen a la comunidad de bienes.
El proyecto también incorpora disposiciones orientadas a mejorar la transparencia y precisión de los inventarios judiciales, permitiendo la intervención de varios peritos cuando los bienes involucren distintas especialidades y estableciendo la obligación de registrar en video las diligencias de inventario, siempre que las condiciones técnicas lo permitan.
Otra innovación importante es la regulación más rigurosa de las oposiciones al inventario, limitándolas a observaciones sobre el avalúo o la omisión de bienes, con el fin de evitar dilaciones indebidas en los procesos. Además, se prevé que, si transcurren tres años desde la aprobación del inventario sin que se haya realizado la partición correspondiente, cualquier interesado podrá solicitar la formación de un nuevo inventario judicial, asegurando la actualización de la información y la continuidad procesal.
El asambleísta Lara destacó que, con esta iniciativa, se busca que los procesos relacionados con la administración, distribución y adjudicación de bienes comunes se desarrollen bajo principios de eficiencia, transparencia y equidad, en concordancia con el debido proceso y las garantías jurisdiccionales reconocidas por la Constitución y la ley.
MEV
