El Pleno de la Asamblea, en la continuación de la sesión 050, con 77 votos afirmativos, respaldó de manera expresa las acciones implementadas por el Gobierno Nacional orientadas a la desarticulación integral de las estructuras criminales vinculadas a la minería ilegal, al fortalecimiento de los mecanismos de prevención, control y sanción de las actividades ilícitas en el ámbito extractivo, así como a la identificación y erradicación de toda forma de corrupción o connivencia política que ampare dichas prácticas contrarias al orden jurídico y al interés nacional.
Asimismo, la Legislatura exhorta a las entidades que conforman la Función Ejecutiva a coadyuvar en la protección efectiva del patrimonio natural del Estado, la defensa del territorio nacional, la preservación del orden público y el cumplimiento irrestricto de la normativa vigente en materia ambiental, minera y penal; expresa el compromiso de la Asamblea de mantener un seguimiento permanente, técnico y transparente, en el marco de sus funciones de legislación y control político, sobre la implementación de las políticas públicas y de las acciones interinstitucionales orientadas a prevenir, controlar y erradicar la minería ilegal en todo el territorio nacional.
El documento será notificado y difundido oficialmente a través de los medios institucionales de la Asamblea y remitido a la Presidencia de la República del Ecuador; a los ministerios de Ambiente y Energía; de Defensa Nacional; del Interior; a las Fuerzas Armadas; y, a la Policía Nacional del Ecuador, para su conocimiento y fines pertinentes.
Luis Esteban Torres, proponente de la resolución, dijo que la minería ilegal es un problema de suma importancia para el país, que mueve casi dos mil millones de dólares al año. Con las acciones del Gobierno, dijo, solo en 2025, se ha logrado quitar a estos grupos alrededor de 630 millones de dólares en materiales, insumos y demás medios que utilizan para este negocio ilícito.
¿Y qué genera este problema?, consultó. Primero, contamina la economía del país, porque los recursos de esta actividad se lavan en segmentos formales; segundo, promueve más violencia e incentivos para que los grupos delincuenciales se metan en este negocio; y, tercero, destruye la naturaleza y no hay forma alguna de recuperarla. Pero no siempre fue así, porque la minería era ancestral y artesanal, mientras ahora ya tiene dimensiones industriales y es necesario combatirla.
En el debate, que contó con la participación de 12 legisladores, se recordó la masacre de 11 militares en el Alto Punino, en la selva Amazónica; hablaron de la contaminación de ríos en Azuay a causa de la minería ilegal; criticaron la entrega de concesiones mineras irregulares desde 2012, actividad que resulta más rentable que el narcotráfico. Pidieron se investigue cómo se enteran los grupos ilegales de los operativos que realizan las fuerzas del orden para evadir los controles; y, a la vez se alertó de la necesidad de incrementar las sanciones tanto para estas prácticas, cuanto para los delitos conexos, como la trata de personas, el sicariato, entre otros.
EG
Soy Pablo Jurado, nací en Ibarra el 6 de febrero de 1961 y desde entonces mi vida ha estado ligada a esta tierra que tanto quiero: Imbabura. Vengo de una familia honorable, de esas que te enseñan a valorar cada logro y a nunca olvidar de dónde vienes. Me eduqué en el Colegio Teodoro Gómez de la Torre y luego llegué a la Universidad Central del Ecuador, donde me gradué como licenciado en Ciencias de la Información.
Mi primera pasión fue el periodismo. Empecé como periodista deportivo en varias radios de Ibarra y Quito, con la emoción de un joven que soñaba en grande. Después llegaron los diarios El Comercio en Quito y El Norte en Ibarra, donde pude escribir y compartir mis ideas con la gente. Ese amor por la comunicación me llevó incluso a ser presidente del Colegio de Periodistas de Imbabura y de la UNP.
Con el tiempo, la política me encontró. En 1981 me afilié a la Izquierda Democrática y, desde entonces, fui aprendiendo desde abajo: jefe de Relaciones del Municipio de Ibarra, jefe del IECE, consejero alterno, secretario del Consejo Provincial… Cada cargo me enseñó algo distinto, pero todo me reafirmó que lo mío era trabajar por la gente.
La confianza de mis conciudadanos me llevó a ser concejal en 1996 y en 2002, y en ese último periodo me nombraron vicealcalde. En 2004 la vida me regaló un gran honor: ser elegido alcalde de Ibarra. Allí confirmé que gobernar no es mandar, sino escuchar y servir.
Años más tarde, en 2014, hombres y mujeres de Imbabura me eligieron prefecto. Fueron años de mucho trabajo, donde mi prioridad fue abrir caminos, mejorar la vialidad, impulsar proyectos de riego y darle nuevas oportunidades a nuestra provincia. En 2019 volví a recibir el respaldo inmenso en las urnas y, poco después, tuve el privilegio de presidir el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador por dos periodos consecutivos.
Ahora, en 2025, el destino me puso otro reto: ser asambleísta por Imbabura con el Movimiento Construye. Asumo con la misma convicción que me ha acompañado toda la vida: hacer política no es un privilegio, es un compromiso con la gente.
Soy periodista, abogado, magíster en Derecho Constitucional, pero, por encima de todo, soy un ibarreño agradecido, un hombre que nunca olvida que cada paso que ha dado lo debe al cariño, la confianza y la esperanza de su pueblo. Simplemente, soy el amigo Pablo.
