La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, este miércoles, 29 de octubre, continuó con el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, que reforma la Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual. En este contexto, escuchó los comentarios y sugerencias de tres expertos en materia protección de datos.
De esta manera, Mario Mayorga Terán formuló algunas recomendaciones de orden técnico. Por ejemplo, en torno al acápite de los reportes de incidentes del servicio digital, consideró que debería incluir tres etapas, de conformidad con parámetros que son trabajados por la Unión Europea, que explícitamente recomienda incorporar alerta temprana en 24 horas; notificación en 72 horas; y, el informe final en un plazo menor a 30 días, con causa raíz y medidas, lo cualeleva a trazabilidad de la cooperación operativa.
Mientras, Xavier Narváez se refirió a la gestión de incidentes digitales y coincidió en la necesidad de establecer sistemas de alerta temprana para prevenir esta clase de episodios, los cuales deben ir acompañados de simulacros anuales, a fin de que tanto las empresas cuanto los usuarios estén debidamente preparados para enfrentar estas contingencias. Propuso se determine una Coordinación Estratégica de Ciberseguridad, instancia que deberá estar alineada con el ente rector de la materia, que es el Comité Nacional de Ciberseguridad.
Por último, Kevin Jarre Barcia hizo hincapié en la necesidad de establecer con absoluta claridad los riesgos y las responsabilidades de las empresas proveedoras que, generalmente, pertenecen al sector privado. En este sentido hay que incluir parámetros técnicos que permitan evaluar el grado de responsabilidad de la empresa proveedora por las fallas que pueda presentar la prestación de los servicios digitales.
La presidenta de la Comisión, Inés Alarcón, agradeció los aportes expuestos en este proceso de construcción democrática de una ley tan importante para el país, con la participación activa de diversos sectores que, desde su propia experiencia y el conocimiento, contribuyen al proceso legislativo.
EG
