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El viernes 17 de octubre se llevó a cabo la sesión 025 de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, con la finalidad de conocer y resolver sobre el "Informe de fiscalización sobre la cadena de seguridad y justicia del Estado en razón de las presuntas actuaciones irregulares de los Operadores de Justicia, en el marco del conflicto armado interno que enfrenta actualmente el Ecuador".
Con seis votos afirmativos y cuatro votos en contra se aprobó el Informe, en el que se identifican problemáticas específicas, propone correctivos con el fin de fortalecer, a través de los actores de la cadena de seguridad y justicia, la confianza ciudadana en el sistema judicial. Este es el resultado de un proceso desarrollado que recogió la voz de varios actores, la información y los datos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura y Contraloría General del Estado.
Una vez sistematizada y analizada la información obtenida durante las comparecencias, se presentan los siguientes hallazgos: 1) Desconexión entre esfuerzos operativos y respuesta judicial; 2) Corrupción sistémica alimentada por vacíos normativos; 3) Fragmentación de sistemas e información manual; 4) Déficit institucional y brechas de gobernanza; 5) Coordinación interinstitucional insuficiente.
Además, las comparecencias evidenciaron que las instituciones enfrentan un enemigo común, el crimen organizado, que se ha infiltrado en el Estado mediante redes de corrupción en los distintos eslabones de la cadena de seguridad y justicia. De igual manera, se demuestran debilidades, retos compartidos y oportunidades de mejora estructural que se presentan ordenados según los cinco ejes transversales identificados: 1) Depuración institucional; 2) Sistemas unificados y trazabilidad (interoperabilidad); 3) Evolución político-institucional; 4) Procesos internos y protocolos; 5) Coordinación interinstitucional.
En este escenario, la Comisión de Fiscalización y Control Político presenta las siguientes recomendaciones:
Crear una Plataforma Única de Justicia y Seguridad que conecte a Policía Nacional, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura y Contraloría General del Estado en tiempo real, para trazabilidad de causas y control patrimonial.
Reforma urgente de normativa relacionadas con los actores de la cadena de seguridad y justicia, en el COIP, COFJ, COESCOP, LOCGE.
Digitalización y trazabilidad de expedientes, para implementar una plataforma de control preventivo y auditoría en tiempo real, interoperable con SERCOP, MEF, FGE, UAFE y SRI.
Fortalecimiento de mecanismos de control interno: creación de mecanismos de auditoría y control interno permanentes dentro del sistema judicial para monitorear el cumplimiento de funciones y establecer un sistema unificado de denuncias ciudadanas contra la corrupción judicial.
Plan de depuración y capacitación continua: creación de un Plan Nacional de Integridad Judicial y Fiscal, articulado entre CJ, FGE, UAFE y Contraloría, con auditorías patrimoniales obligatorias y sanciones públicas.
Fomento de la transparencia y participación ciudadana: conformación de mecanismos de seguimiento que permitan supervisar el cumplimiento de compromisos, así como avances y rezagos institucionales.
Mejora de la gobernanza interna e interinstitucional: creación de una Unidad Especial de Investigación de Corrupción Judicial con competencia nacional y cooperación internacional.
