Como miembro de la Comisión Permanente Especializada de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, participé en la Sesión N.º 003-CEPFYCP-2025, donde se resolvió no calificar la solicitud de juicio político contra el Ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo Rendón.
Tras un análisis exhaustivo de la documentación remitida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), la Comisión concluyó que la solicitud presentada no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 131 de la Constitución de la República, que regula el juicio político por presunto incumplimiento de funciones.
Análisis de los argumentos presentados
El proceso de evaluación abordó tres principales causales planteadas en la solicitud:
El caso “Las Malvinas”.
La inasistencia del Ministro a una convocatoria del Pleno de la Asamblea.
La supuesta restricción de ingreso a la exvicepresidenta de la República, Verónica Abad.
Respecto al primer punto, la Comisión determinó que los hechos relacionados con el caso “Las Malvinas” no corresponden a una política institucional del Ministerio de Defensa ni de las Fuerzas Armadas, ya que los presuntos responsables se encuentran bajo un proceso penal ordinario.
En cuanto al segundo argumento, se evidenció que la ausencia del Ministro a la convocatoria del Pleno se debió a compromisos urgentes de seguridad nacional, en el marco del conflicto armado interno que atraviesa el país.
Sobre el tercer punto, se concluyó que el impedimento de ingreso a la exvicepresidenta ocurrió mientras ella estaba sujeta a medidas judiciales y sin ejercicio activo de funciones dentro del territorio nacional.
Fiscalización firme, pero justa
Como legislador amazónico, reafirmo mi compromiso con una fiscalización técnica, imparcial y basada en evidencia, que no responda a intereses políticos sino al respeto de la verdad y del debido proceso.
La Asamblea Nacional debe mantener su rol de control político sin desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta el país, como la seguridad ciudadana, la reactivación económica y el bienestar de nuestras comunidades.
Desde Pastaza y la Amazonía, seguiremos fiscalizando con responsabilidad, defendiendo la institucionalidad y trabajando por un Ecuador transparente y justo para todos.
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