En primer lugar, se respaldaron las acciones del Gobierno Nacional orientadas a desarticular la minería ilegal y los nexos políticos que la amparan, un problema que no solo afecta al medio ambiente, sino también al orden económico y jurídico del país. Desde el ámbito legislativo, considero que el combate a la minería ilegal debe ir acompañado de mecanismos de control interinstitucional y sanciones efectivas que garanticen la protección de los recursos naturales bajo un marco de legalidad y transparencia.
Posteriormente, se reconoció la reducción superior al 90% de la migración irregular de ecuatorianos entre 2023 y 2025, resultado de políticas enfocadas en el empleo nacional y la prevención social. Este avance refleja la importancia de articular políticas públicas sostenidas entre el Estado, el sector privado y la cooperación internacional, que prioricen la seguridad, el desarrollo y las oportunidades dentro del país.
Asambleísta Nacional
