En el marco del análisis del proyecto de Ley Orgánica para la Conservación y Protección de Páramos (unificado), la Comisión de Biodiversidad recibió la comparecencia de los asambleístas Mariana Yumbay, Dina Farinango y Alex Toapanta, quienes expusieron los principales alcances, fundamentos y objetivos de su iniciativa orientada a garantizar la preservación de uno de los ecosistemas más vitales y vulnerables del país.
La legisladora Dina Farinango destacó que la propuesta normativa nace desde el territorio y el sentir de las comunidades que protegen estos ecosistemas.Señaló que el Ecuador posee más de un millón y medio de hectáreas de páramo a nivel nacional, distribuidas en 17 provincias, territorios de vida que hoy enfrentan amenazas derivadas de actividades extractivistas, uso de agroquímicos y monocultivos.
Subrayó que el proyecto garantiza los derechos de la naturaleza, establece zonas de exclusión, promueve la gestión comunitaria del agua, incorpora saberes ancestrales, fortalece el rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y plantea planes de restauración ecológica y mecanismos de monitoreo. Afirmó que esta iniciativa nace de las mingas y de la defensa histórica del agua frente al extractivismo, y que busca asegurar para las futuras generaciones la protección de los páramos como fuentes vitales de vida.
Por su parte, el asambleísta Alex Toapanta recalcó que el Estado debe priorizar la protección de los recursos naturales y recordó que en Cotopaxi se encuentra uno de los colchones de agua más importantes de Latinoamérica, identificado como sitio Ramsar, con más de 12 mil hectáreas de páramo que proveen agua dulce esencial para el país.
Enfatizó que el proyecto busca fortalecer la participación de comunidades indígenas y campesinas en la protección de estos ecosistemas, además de destacar el rol de los GAD parroquiales, cantonales y provinciales en la gestión territorial y advirtió que el principal reto es asegurar financiamiento estatal para garantizar la implementación real de la norma. En este sentido, pidió la unificación de esta propuesta con las existentes y agradeció el espacio para presentar observaciones y fortalecer una ley construida colectivamente por defensores de la vida y de la naturaleza.
Finalmente, la asambleísta Mariana Yumbay enfatizó que esta propuesta es el resultado de un esfuerzo conjunto con organizaciones, pueblos indígenas, nacionalidades, juntas de agua y comunidades campesinas, quienes han contribuido a dar forma a esta herramienta fundamental para la biodiversidad y el país. Explicó que Ecuador cuenta con más de 1.5 millones de hectáreas de páramos, ecosistemas estratégicos que garantizan el abastecimiento de agua, resguardan una biodiversidad única y sostienen culturas que históricamente han protegido estos territorios.
Detalló que el proyecto contiene 56 artículos, 2 disposiciones generales, 3 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final, que establece prohibiciones a actividades extractivas, impulsa planes de manejo y zonificación, reconoce la gestión comunitaria e intercultural del territorio, regula la consulta previa y prelegislativa, crea el Corredor Agroecosocial Altoandino y establece mecanismos de resolución de conflictos y sanciones ambientales. Dijo que esta ley propone un marco jurídico integral que fortalece los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos, promueve prácticas sostenibles, impulsa la autonomía comunitaria y garantiza la conservación de las fuentes de agua para el país.
MEV
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