La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanzó en el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), como parte de la construcción del informe para primer debate. Esta vez, recibió las observaciones del delegado del Ministerio de Defensa Nacional y de uno de los jueces de garantías penales del Distrito Metropolitano de Quito.
Víctor Allauca Muñoz, a nombre del Ministerio de Defensa, expuso la necesidad de precisar algunos temas en el COIP, uno de ellos referente al alcance del concepto de territorio, puesto que comprende a más del espacio continental, el marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, espacio aéreo, entre otros; pero lo previsto actualmente solo contempla el ámbito continental.
Sugirió que se establezcan restricciones para considerar las circunstancias atenuantes dentro de la comisión de un delito, cuando el imputado actúe como parte o por delegación de un grupo de delincuencia organizada, por ejemplo en un caso de sicariato; que se determinen las infracciones que se cometen en espacios marítimos o acuáticos; y que se reforme lo concerniente a los delitos relacionados con terrorismo mediante el uso de medios digitales.
De su lado, Iván Merchán, juez de Garantías Penales del Distrito Metropolitano de Quito, propuso que al determinarreglas especiales de delitos relacionados con figuras como delincuencia organizada, se deja de lado ciertos aspectos de jurisdicción, como también temas relacionados con delitos de carácter conexo, pues mientras no se utilicen las concurrencias reales, no será posiblepara los jueces aplicar la acumulación de penas, añadió.
Se refirió a la prescripción de la pena, que opera a partir de la sentencia condenatoria y es necesario establecer con claridad los parámetros para la contabilización de los plazos en función de que la pena se hace exigible desde que se emite la sentencia y si existe suspensión de aquella, este mecanismo se utiliza para contabilizar dichos períodos como parte del tiempo imputable a la prescripción.
Destacó el hecho que en el estudio de las reformas penales, la comisión escuche la voz de los jueces, que son los llamados a aplicar en la práctica el Código Orgánico Integral Penal y conocen de cerca cómo se vive la realidad procesal.
EG
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