La eliminación de las barreras normativas previstas en las ordenanzas fue una de las observaciones planteadas por la directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), Patricia Falconí Castillo, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), previo a la elaboración del informe para primer debate.
Patricia Falconí Castillo detalló que actualmente existen barreras normativas locales que dificultan la implementación de infraestructura de conectividad.
Ante esta situación, la experta en telecomunicaciones presentó varias propuestas orientadas a armonizar las competencias, alineando las responsabilidades entre los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y el Gobierno Central; establecer criterios técnicos justos para las tasas municipales; eliminar las barreras locales para el despliegue de infraestructura de conectividad a escala nacional; y fortalecer la rendición de cuentas respecto de las actividades administrativas y acciones coercitivas.
Añadió la necesidad de modernizar la gobernanza y la certeza jurídica, mejorar la coordinación entre niveles de gobierno en esta materia y acelerar el despliegue de infraestructura.
Durante el análisis, el legislador Cristian Benavides comentó la problemática presentada en el GAD Municipal de Tulcán, entidad a la que se le impuso un cuantioso pago. Por ello, recomendó impulsar un proceso de fiscalización sobre estos casos, además de incluir en la reforma disposiciones que limiten ciertos abusos que afectan a las administraciones municipales.
Por su parte, la asambleísta Patricia Núñez reflexionó sobre la autonomía y los procesos de fiscalización ejercidos por los concejos municipales. Luego, el legislador Milton Aguas resaltó la importancia de contar con garantías jurídicas para la inversión privada, más aún considerando que las telecomunicaciones son esenciales para la vida cotidiana.
Al análisis se sumó la legisladora Sandra Figueroa, quien recordó el caso relacionado con el GAD Municipal de Naranjal, referente a un reclamo jurídico presentado por compañías privadas para la devolución de pagos que, incluidos los intereses, ascendieron a 2 millones de dólares.
AM
Más fotografías:
