La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Ecknner Recalde, aprobó con seis votos el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para el Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público y Privado y de sus Organizaciones Sindicales.
Al presentar la moción, la vicepresidenta de la Comisión, Paola Jaramillo, explicó que el documento unifica cuatro proyectos de ley previamente analizados en mesas técnicas, con aportes de expertos laborales, representantes de los ministerios de Trabajo y de Economía y Finanzas, así como de organizaciones sociales y laborales. Señaló que la propuesta busca fortalecer el empleo en los sectores público y privado, promover la libertad sindical, garantizar la transparencia en la gestión organizacional y mejorar la coherencia normativa.
El proyecto plantea reformas estructurales para optimizar la integridad, eficiencia y calidad de la gestión pública en materia de talento humano, control, responsabilidad y organización administrativa. Además, armoniza disposiciones del Código de Trabajo, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica de Servicio Público, el Acuerdo Ministerial MDT-082, la Ley de la Contraloría General del Estado, el Código Orgánico Administrativo, el Código de la Economía Social de los Conocimientos y la Ley de Empresas Públicas, evitando duplicidades y promoviendo un marco normativo coherente.
Jaramillo destacó que la reforma se estructura en siete pilares:
El informe, de carácter no vinculante, sistematiza iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la libertad y transparencia sindical. Incluye reformas a los artículos 440–511 del Código de Trabajo para mejorar la libertad de asociación, el registro sindical, las garantías para la actividad sindical y la negociación colectiva.
Respecto al sector público, la propuesta reafirma los principios de eficacia, eficiencia y transparencia, siguiendo también lo dispuesto en la sentencia 58-11-IN/22 sobre unidad de materia. Mantiene el principio constitucional de progresividad laboral, asegurando que ninguna reforma reduzca derechos adquiridos, conforme al artículo 11.8 de la Constitución.
RSA
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