En cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional RL-2023-2025-032, que dispone la entrega trimestral de informes sobre el avance de la fiscalización del acogimiento institucional a nivel nacional, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes recibió a los delegados del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado.
Jonathan Muñoz informó que el Consejo de la Judicatura ya realizó una primera valoración en mayo de 2024 y que la actualización remitida incorpora el análisis de las medidas a nivel nacional, con datos obtenidos del Sistema Automático de Reporte Judicial (SATJE). Explicó que el informe presentado incluye las competencias institucionales, el marco normativo aplicable y la evaluación de las medidas de acogimiento institucional, que por ley deben ser excepcionales y temporales.
En este sentido, señaló que, desde 2016, los registros judiciales evidencian variaciones anuales en la aplicación del acogimiento institucional y una tendencia a la disminución en 2025. Asimismo, destacó las acciones desarrolladas para fortalecer la protección de derechos, junto con conclusiones y recomendaciones técnicas.
or su parte, Nicole Guamán, del equipo técnico de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, destacó la expedición de la Resolución 158-2023, que contiene la Directriz de Celeridad Procesal, la cual establece lineamientos obligatorios para que las unidades judiciales cumplan los tiempos previstos en la ley y refuercen los principios de prioridad absoluta, interés superior del niño y debida diligencia. Explicó que la directriz se activa mediante alertas o quejas de usuarios o entidades vinculadas y que, una vez identificada una causa, se ejecuta un seguimiento permanente desde las direcciones provinciales.
Además, detalló que, cuando se detectan demoras o posibles irregularidades, los antecedentes son remitidos a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Subrayó que el Consejo de la Judicatura no puede intervenir en decisiones jurisdiccionales, según los artículos 168.1 y 178 de la Constitución, y que el seguimiento es exclusivamente administrativo. Añadió que la directriz se aplica únicamente en casos de riesgo o afectación a grupos de atención prioritaria, y que su contenido ha sido socializado en todas las dependencias judiciales del país para asegurar una gestión oportuna y respetuosa de los derechos establecidos en la normativa nacional e internacional.
El delegado de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Baño, precisó que, conforme al artículo 195 de la Constitución, la institución tiene competencia para investigar hechos de relevancia penal, pero no para decidir sobre la aplicación o permanencia del acogimiento institucional. Indicó que la Fiscalía coordina con el Ministerio de Desarrollo Humano y otras entidades para identificar las causas que motivan estas medidas y que uno de los principales nudos críticos en los centros de acogida es la violencia entre pares, investigada por las Fiscalías de Justicia Juvenil con enfoques de género, intergeneracional y de justicia restaurativa.
Advirtió que la prolongada institucionalización afecta el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y aumenta los riesgos internos, por lo que es necesario agilizar los procesos de reinserción familiar o de declaración de adoptabilidad.
En atención al requerimiento de la Comisión, detalló que la institución actualmente da seguimiento a 18 casos relacionados con violencia entre pares y salidas no autorizadas en la Casa Enríquez Gallo, así como a dos casos vinculados a la Unidad Técnica de Adopciones. También se investiga el caso ocurrido en Macas como un presunto homicidio, para lo cual se han activado pericias especializadas y equipos técnicos dada la sensibilidad del contexto y los factores de salud mental involucrados. Explicó que la Fiscalía ha emitido 22 impulsos fiscales y continúa recabando elementos procesales, manteniendo la teoría del caso a la espera de una última diligencia que permitirá definir la situación jurídica. Finalmente, reiteró la disposición institucional para atender los requerimientos de la Comisión y colaborar en el seguimiento de estos casos.
MEV
