En la continuación de la Sesión No. 053, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 83 votos afirmativos, una resolución que dispone a la Comisión de Fiscalización y Control Político iniciar un proceso de seguimiento y fiscalización integral, a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Consejo Nacional de Competencias, a las entidades municipales encargadas de las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, respecto de las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares atribuibles a grupos de delincuencia organizada, a fin de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades políticas y recomendar las acciones correctivas y las reformas normativas que fueran necesarias.
Asimismo, exhortó a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a realizar el control y seguimiento al cumplimiento de las Resoluciones Nro. 069-DE-ANT-2022, Nro. 070-DE-ANT-2022 y sus respectivos anexos, e informe sobre su cumplimiento al Ministerio del Interior y a la Comisión de Fiscalización. Finalmente, dispuso a la Secretaría General de la Asamblea Nacional notificar el contenido de la presente resolución a la Comisión de Fiscalización y Control Político.
El ponente de la resolución, asambleísta José Luis Nango, enfatizó que lo planteado no es un ajuste administrativo, sino una decisión trascendental sobre si la Asamblea se ubica del lado de la ciudadanía honesta o permite que las mafias sigan infiltrando las instituciones de tránsito. Denunció que en varias ciudades existen indicios concretos de matriculación ilegal, emisión irregular de placas y manipulación de sistemas para legitimar vehículos robados, prácticas que terminan facilitando asaltos, secuestros y asesinatos.
Recordó que la Constitución obliga a fiscalizar el uso de las competencias públicas sin importar si pertenecen al nivel central o a los gobiernos locales, y advirtió que la delincuencia organizada busca capturar estas entidades porque controlar el sistema de matrículas significa controlar la identidad de los vehículos usados para mover droga, lavar dinero o ejecutar sicariatos.
Por ello, llamó a abrir un proceso de fiscalización serio, técnico y transparente que permita identificar responsabilidades, detectar patrones inusuales, articularse con organismos de control y, si es necesario, promover reformas que blinden a las instituciones frente a la captura criminal. Subrayó que no se trata de perseguir a municipios ni funcionarios honestos, sino de defender al Estado, proteger a la ciudadanía y evitar que cada matrícula ilegal se convierta en un arma más del crimen organizado.
Durante el debate, varios legisladores se pronunciaron a favor y en contra de dicha resolución, enfatizando la necesidad de fortalecer la fiscalización, pese a las limitaciones para ejercerla sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Adrián Castro recordó que dichas resoluciones evidenciaron prácticas graves en más de 150 municipios, donde se matricularon más de 115 mil vehículos sin pago alguno, con un perjuicio superior a 50 millones de dólares, además de la creación de alrededor de 400 usuarios ilegales con claves vendidas clandestinamente.
Por su parte, Sergio Peña citó los artículos 120, 129 y 425 de la Constitución para sustentar la competencia de la Asamblea en la fiscalización de todas las funciones del Estado y de los servidores públicos, incluidos quienes laboran en los GAD. Señaló que la normativa constitucional prevalece sobre cualquier otra disposición, por lo que afirmó que “la Constitución ha hablado”.
El legislador Alejandro Vanegas expresó que la fiscalización no puede ejercerse más allá de los límites constitucionales y que investigar conductas delictivas corresponde a la Fiscalía.
Isaac Solano alertó que la descentralización del tránsito, originalmente concebida para generar eficiencia, ha sido distorsionada por prácticas irregulares y presiones delictivas sobre servidores municipales. Señaló que la Asamblea tiene el deber de fiscalizar con firmeza y empatía: “Si hay corrupción, debemos fiscalizar; si hay extorsión, también debemos fiscalizar”.
Juan Gonzaga recordó que fiscalizar no significa obstaculizar al Gobierno, sino cumplir con el mandato constitucional, por lo que hizo un llamado a ordenar la agenda parlamentaria para atender temas prioritarios de manera responsable. Alejandro Lara enfatizó que la ciudadanía observa con preocupación cómo las debilidades institucionales del sistema de tránsito han sido aprovechadas por redes criminales.
Finalmente, Diego Franco advirtió que las mafias han logrado penetrar estructuras estatales, y que la captura del sistema de tránsito no es un problema administrativo, sino un facilitador directo del sicariato y el narcotráfico. Señaló que la ANT ha confirmado estas irregularidades, lo que evidencia la gravedad y urgencia de la situación.
MEV
