Con el voto unánime de sus integrantes, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes aprobó el informe de fiscalización derivado de la Resolución No. 003 CEPPINNA-2025-2027 relativo a las graves afectaciones que sufrieron al menos 35 niños en Balzar a causa de la contaminación química. La moción aprobada fue presentada por el asambleísta Raúl Chávez, vicepresidente de la mesa legislativa.
Durante la sesión, el equipo asesor expuso una cronología que evidencia la recurrencia de estos hechos desde junio de 2024, cuando se produjeron los primeros casos de intoxicación en unidades educativas del cantón. En total, se registran 11 eventos con un patrón similar que, según el análisis, apuntan a un posible accionar criminal deliberado. Pese a ello, la Fiscalía únicamente investiga los hechos ocurridos en julio de 2025 y mantiene dos procesos paralelos sin acumulación, lo que ha dejado 9 incidentes anteriores sin indagación. La comisión expresó su preocupación por la lentitud y limitada profundidad de las investigaciones penales, así como por la falta de determinación sobre los mecanismos utilizados para difundir el químico ni la identificación de los responsables.
El informe también detalla que el Ministerio de Salud confirmó que en el evento del 17 de julio de 2025 resultaron intoxicadas 41 personas, 36 de ellas niños, con síntomas de insuficiencia respiratoria y dolor torácico. La capacidad limitada del Hospital Básico de Balzar obligó a derivar a los pacientes a otras casas de salud.
La Defensoría del Pueblo abrió un proceso defensorial, realizó una visita in situ y recabó información de las instituciones competentes; sin embargo, aún no ha presentado un informe conclusivo que permita establecer recomendaciones oficiales. Entre los hallazgos se subrayó la afectación al derecho a la salud, a la educación y a un entorno seguro, debido a la suspensión prolongada de clases y al impacto psicológico que generan estos ataques recurrentes.
El informe aprobado recomienda a la Fiscalía acelerar el proceso investigativo, revisar la tipificación penal aplicada y presentar informes periódicos a la Asamblea Nacional. Sugiere también la acumulación de las investigaciones abiertas para evitar el uso ineficiente de recursos.
Además, plantea establecer medidas integrales de seguridad reforzando mecanismos de vigilancia y definiendo protocolos para la gestión de riesgos. Asimismo, sugiere implementar sistemas tempranos de alerta, fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y realizar evaluaciones periódicas a las personas potencialmente afectadas. Por último, recomienda promover investigaciones que permitan identificar el origen y la circulación de sustancias o factores de riesgo presentes en la zona.
Finalmente, el informe destaca la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y de sostener reuniones permanentes entre las entidades competentes. Se reconoce la acción del gobierno municipal, que instaló 17 cámaras de vigilancia en exteriores de las unidades educativas, y se plantea ampliar esta cobertura para resguardar la seguridad de todos los estudiantes del cantón
MEV
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