En el marco del tratamiento y previo a la elaboración del Informe para primer debate del Proyecto de Ley de Regulación Equitativa del Consumo y Actividades Económicas en Procesos Electorales, la comisión de Desarrollo Económico recibió a Ricardo Sánchez, presidente del Buró del Centro Histórico, y a Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industria y Producción (CIP), quienes expusieron sus criterios sobre la necesidad de reformar el período de aplicación de la denominada “ley seca”.
Ricardo Sánchez señaló que la reducción de este período, actualmente establecido en 36 horas antes y 12 horas después de los comicios, representa una oportunidad estratégica para dinamizar la economía, en especial de los sectores turístico y gastronómico. Indicó que, pese a su objetivo de garantizar el orden durante las votaciones, la restricción no ha demostrado disminuir el consumo de alcohol y, en cambio, ha generado pérdidas aproximadas de 150 millones de dólares en los últimos cinco años, considerando los 13 procesos electorales registrados.
Asimismo, añadió que Ecuador se mantiene en desventaja frente a países como Uruguay, Chile, Argentina y Colombia, donde la prohibición se limita al horario de votación, y detalló que la acumulación de cerca de 39 días de ley seca en ese período ha provocado cierres de más del 40 % de restaurantes durante jornadas electorales, afectando al empleo, a la cadena productiva y a la recaudación tributaria.
Por su parte, Pablo Jiménez sostuvo que el proyecto busca corregir una distorsión normativa, al considerar que la actual regulación es excesivamente restrictiva y desproporcionada en cuanto al número de horas de prohibición. Afirmó que la medida ha incentivado el mercado informal y sin control sanitario, con riesgos para la salud pública, como se evidenció durante la pandemia.
Además, subrayó que la prolongación de la ley seca impacta negativamente al turismo nacional e internacional y a sectores productivos vinculados, desde la agricultura hasta los servicios. Mencionó ejemplos como el turismo internacional en Galápagos, donde visitantes extranjeros ajenos a los procesos electorales se ven innecesariamente afectados. En ese contexto, destacó que una reducción del período de la ley seca permitiría promover el consumo responsable en establecimientos formales, combatir el contrabando y proteger la economía formal, sin afectar el desarrollo del proceso electoral, estimando una posible recuperación de entre ocho y diez millones de dólares por jornada electoral.
MEV
