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En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley de Regulación Equitativa del Consumo y Actividades Económicas en Procesos Electorales, participé en la sesión donde recibimos a Ricardo Sánchez, presidente del Buró del Centro Histórico, y a Pablo Jiménez Ayora, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industria y Producción (CIP).
Durante sus intervenciones expusieron los efectos que la actual regulación —conocida como “ley seca”— ha generado en sectores como turismo, hotelería, gastronomía y servicios, señalando que la restricción de 36 horas antes y 12 horas después de cada jornada electoral ha representado pérdidas superiores a 150 millones de dólares en los últimos cinco años y ha favorecido el incremento del comercio informal.
Este análisis forma parte del proceso de construcción del informe para primer debate, orientado a revisar una normativa que impacta directamente en la economía formal y en actividades vinculadas al turismo nacional e internacional, incluido el de las Islas Galápagos.
Como Asambleísta Nacional, trabajo desde mi curul con la convicción de que la política debe volver a servir a la gente: escuchar, construir y legislar con transparencia. Creo en la economía como motor de desarrollo social, en el diálogo como puente y en la educación como el camino hacia un país más justo.
Mi compromiso es con quienes trabajan, emprenden y sueñan con un Ecuador que avance sin dejar a nadie atrás