Este proyecto de ley busca fortalecer la seguridad jurídica y garantizar una administración pública más justa, transparente y respetuosa de los derechos ciudadanos. La reforma incorpora directamente los mandatos de la Corte Constitucional —especialmente la Sentencia 40-21-IN/25— para eliminar disposiciones que afectaban el derecho a la tutela administrativa efectiva.
Las principales modificaciones aseguran:
Plazos más claros y razonables, evitando arbitrariedades en la ampliación de términos.
Mejor acceso a mecanismos de defensa, ajustando los tiempos y requisitos del recurso extraordinario de revisión.
Controles más efectivos contra abusos administrativos, como la inadmisión clara y oportuna de recursos improcedentes.
Medidas cautelares proporcionales en procesos coactivos, sustituyendo barreras económicas excesivas por garantías adecuadas.
Un plazo más amplio y justo para presentar excepciones en la vía coactiva.
En conjunto, este proyecto fortalece el debido proceso, previene arbitrariedades y armoniza el Código Orgánico Administrativo con la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos.
Asambleísta por la provincia de Pichincha 3
