La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, este miércoles 10 de diciembre, avanzó en el análisis del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, como parte de la construcción del informe para primer debate. En esta ocasión, la mesa escuchó a los delegados del Ministerio de Agricultura, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Iniap), de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad).
En este marco, la directora de Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura, Lorena Álava Bravo, comentó que se trata de un proyecto que presenta importantes beneficios que fortalecen la soberanía y la seguridad alimentaria; fomenta la asociatividad; promueve prácticas sostenibles; ordena y transparenta la comercialización interna y las exportaciones, así como clarifica las competencias de la institucionalidad relacionada con el desarrollo agropecuario.
Sin embargo, dijo, hay algunas imprecisiones como por ejemplo lo relacionado con el establecimiento de precios máximos para pesticidas y otros insumos que se utilizan en la agricultura, lo cual no depende de la voluntad del Ministerio, sino de la dinámica de la oferta y demanda; hay otras normas que tampoco están dentro de las atribuciones de esa cartera de Estado, puesto que corresponden a la Superintendencia de Competencia Económica.
Mientras, Jaime Sánchez, director de Transferencia Tecnológica del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Iniap), planteó que se establezcan claramente las diferentes áreas relacionadas con la tecnología aplicada al agro. Por un lado, la investigación y, por otro, una vez obtenido un resultado tecnológico que sea aprovechable, la asistencia técnica, la transferencia o aplicación en el campo; y, después, el extensionismo, que son temas que competen a distintas entidades.
De su lado, José Álvarez, de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), solicitó que se determine con claridad las competencias del control de la calidad, que corresponde a esta institución y del servicio de faenamiento de animales, que está en manos de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Es decir, una es la competencia para controlar y regular la calidad de carne que se comercializa y, otra la de controlar y supervisar el proceso previo, que es el servicio de faenamiento, insistió.
EG
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