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La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió los aportes de Patricia Falconí Castillo, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD, previo a la elaboración del informe para primer debate.
Durante su intervención, Falconí expuso la existencia de barreras normativas locales contenidas en ordenanzas municipales que dificultan la implementación de infraestructura de conectividad en el país. Señaló que estas disposiciones generan obstáculos para el despliegue oportuno de redes y afectan el acceso equitativo a servicios esenciales, especialmente en territorios que requieren mayor conectividad.
La experta propuso armonizar las competencias entre los gobiernos autónomos descentralizados y el Gobierno Central, establecer criterios técnicos justos para la determinación de tasas municipales, eliminar barreras locales que frenan el despliegue de infraestructura y fortalecer la rendición de cuentas sobre las acciones administrativas y coercitivas relacionadas con las telecomunicaciones.
Durante el análisis, los legisladores coincidieron en la necesidad de brindar seguridad jurídica a la inversión privada y evitar abusos normativos. Se expusieron casos específicos en municipios como Tulcán y Naranjal, donde se registraron pagos elevados y reclamos millonarios, lo que refuerza la importancia de una reforma que ordene la gobernanza y garantice reglas claras para todos los actores
