Con el propósito de impulsar un sector acuícola moderno, justo y sostenible, que contribuya al bienestar de la sociedad y a la conservación del ambiente, así como de fortalecer el marco legal de la acuicultura y garantizar el desarrollo de esta importante actividad económica y social, la legisladora por la provincia del Guayas, Janina Rizzo, presentó una reforma a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y la Pesca.
La autora de la iniciativa legal señala que, de acuerdo con los informes de rendición de cuentas del Instituto Público de Investigaciones de Acuicultura y Pesca (2024), el sector acuícola enfrenta problemas ambientales derivados de la alteración de los ecosistemas estuarinos, como consecuencia de la acumulación de sedimentos y de las actividades de dragado en determinados sectores del Golfo de Guayaquil.
Además, la normativa vigente no clasifica de manera clara a los sectores productivos —artesanal, industrial, comunitario y de subsistencia—, lo que dificulta la aplicación de políticas públicas diferenciadas y acordes con la realidad de los distintos actores. En este sentido, la reforma propuesta busca subsanar estos vacíos legales, promoviendo una planificación adecuada, la justicia social y la protección de los ecosistemas.
De acuerdo con la reforma, el ente rector será el encargado de categorizar las actividades acuícolas y pesqueras conforme a los sectores productivos establecidos en la ley. Para dicha diferenciación se considerarán criterios como el volumen de producción, la tecnología empleada, el tipo de embarcación, el destino comercial y el territorio de operación.
La propuesta normativa reconoce la diversidad geográfica y ecológica del territorio ecuatoriano, por lo que sus disposiciones se aplicarán con un enfoque territorial y cultural, garantizando el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos de la naturaleza.
Asimismo, se establece la clasificación del sector acuícola y pesquero en artesanal y comercial.
AM
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