El mecanismo de arbitraje como método de solución de controversias y la necesidad de preservar la seguridad jurídica fueron los principales temas abordados por los representantes del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, en el marco del debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Tributario, que actualmente tramita la Comisión de Régimen Económico.
El doctor Kléber Izquierdo Castro, del Estudio Jurídico Izquierdo y Castro, precisó que el arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos reconocido en la legislación ecuatoriana, principalmente en el artículo 190 de la Constitución de la República y en la sentencia 74-21-IN/25 de la Corte Constitucional.
En este contexto, recordó que el sistema actual canaliza la mayoría de las disputas hacia la jurisdicción contencioso-tributaria, lo que genera congestión procesal. “Más del 70 % de los procesos judiciales concluyen con resultados adversos o parciales para la administración”, lo cual evidencia la existencia de un problema estructural.
Por ello, sugirió que el arbitraje sea incorporado como uno de los mecanismos de solución de conflictos en materia tributaria. Aclaró que este mecanismo no reemplaza a la jurisdicción contencioso-tributaria, no es obligatorio, no implica negociación de tributos ni de política fiscal, y opera únicamente sobre controversias individuales derivadas de actos administrativos.
Por su parte, María Izquierdo Castro, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, analizó la propuesta de eliminación del artículo 30.3, relativo a los criterios para la calificación de la sustancia jurídica y económica. Al respecto, consideró que debe mantenerse su contenido, por cuanto garantiza los derechos de los contribuyentes. Una posición similar expresó respecto del artículo 30.7, referente a la responsabilidad del representante legal.
Otros temas abordados fueron las obligaciones tributarias declaradas de difícil recaudación, los plazos de prescripción y los acuerdos transaccionales. En todos estos aspectos, se sugirió tomar en cuenta la seguridad jurídica como eje fundamental.
Estas y otras observaciones serán analizadas en la mesa legislativa, previo a la elaboración y aprobación del informe para segundo debate.
AM
